Una comisión de 24 expertos inició el lunes la redacción de un anteproyecto de nueva constitución para Chile que, de ser aprobada por la ciudadanía, reemplazará a la vigente impuesta por los militares en 1981.
En un lapso de 15 meses los chilenos votarán por segunda ocasión si aceptan reemplazar la carta magna heredada por la dictadura de 1973 a 1990. La primera fue en septiembre pasado, cuando el 62 por ciento del electorado rechazó un primer texto escrito por una convención dominada por la izquierda. La segunda votación será el 17 de diciembre.
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El grupo inició sus labores en la sede del Congreso en la capital chilena con la elección de sus autoridades: la oficialista Verónica Undurraga será la presidenta y el centroderechista Sebastián Soto la acompañará en la vicepresidencia.
Los expertos, 12 hombres y 12 mujeres designados por el Congreso, tendrán tres meses para redactar un anteproyecto constitucional sobre el cual deberá trabajar un Consejo Constitucional paritario de 50 miembros que deberá elaborar en cuatro meses el nuevo proyecto.
Los consejeros serán elegidos democráticamente el 7 de mayo, cuando también se definirá cuántos representantes indígenas se sumarán al Consejo, cuyo número dependerá de la cantidad de sufragios que obtenga el padrón de los pueblos indígenas.
"Les pido que tomen esa responsabilidad con mucha seriedad, que sean protagonistas de la construcción permanente de la democracia" y que escojan a personas que creen que le harán bien al país, fueron las primeras palabras de Undurraga a los chilenos.
El oficialismo y la oposición están representados entre los expertos y los árbitros en forma proporcional a los parlamentarios que tienen en el Congreso, donde las fuerzas están equilibradas en el Senado, mientras en la cámara baja hay una leve mayoría oficialista, además de varios independientes.
La conformación de los órganos busca evitar lo sucedido en el anterior proceso, donde predominaba la izquierda con 118 convencionales electos frente a 37 derechistas, lo que se reflejó en el proyecto que fue rechazado por la ciudadanía.
El nuevo proyecto constitucional debe considerar límites establecidos por 12 puntos o "bases institucionales", definidos por un acuerdo político transversal, entre los que figuran que Chile es una república democrática, un Estado unitario, el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil y la separación de los tres poderes del Estado.
El actual proceso constitucional nació tras un estallido social en octubre de 2019 que fue contenido por una decisión del Congreso que convocó a un plebiscito en octubre de 2020 en el que el 78 por ciento del electorado votó por reemplazar la carta magna de los militares por una nueva redactada por una convención especialmente electa.