El presidente colombiano, Gustavo Petro tiene previsto firmar el lunes una ley que prohíbe las corridas de toros en todo el país desde la plaza La Santamaría de Bogotá, la más importante de Colombia, en un acto simbólico que marca el cambio que tendrán dichos escenarios para ser usados en actividades culturales y deportivas.
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Colombia era uno de los cinco países de Latinoamérica en permitir las corridas de toros junto con Venezuela, Perú, México y Ecuador. Estos dos últimos prohíben las prácticas taurinas parcialmente en algunos estados y ciudades. En otros, como Argentina, Chile y Panamá, están prohibidas.
“Sin vida no hay humanidad. Este lunes en la plaza de La Santamaría, Colombia le dice no al toreo”, señaló Petro desde X, antes Twitter, invitando a la promulgación de la ley.
La prohibición ha sido una bandera política de Petro desde que fue alcalde de Bogotá en 2012, cuando se refería a la fiesta brava como un acto de maltrato animal y suspendió las corridas de toros en La Santamaría. Las corridas siguieron intermitentes en la capital, de acuerdo con órdenes judiciales, pero dejaron de organizarse desde 2020.
En diciembre de 2023, un fallo judicial ordenó que se reanudaran, pero la nueva temporada no ha sido anunciada aún.
¿De qué trata la ley?
Con la ley, se acabaría en el país una tradición que data desde la época de la colonia española en Colombia. Sin embargo, los taurinos han advertido que demandarán la ley ante la Corte Constitucional en un intento por demostrar que el trámite en el Congreso estuvo viciado o que vulnera su derecho a la libre expresión artística.
Con la promulgación de la ley, que fue aprobada en mayo por el Congreso, inicia un periodo de transición de tres años en los que las actividades taurinas estarán permitidas, pero bajo condiciones que definirá el gobierno con los “más altos estándares de bienestar y protección animal”, según la nueva ley.
En la transición, el gobierno deberá buscar programas de reconversión económica para quienes se dedican a la actividad taurina y demuestren que es su sustento económico principal. Ante la falta de un censo oficial, la ley ordena crear un registro de las personas que dependen de la tauromaquia entre toreros, novilleros, banderilleros, picadores y ganaderos de toros de lidia.
En el país, hay 12 plazas de toros permanentes con capacidad entre tres mil y 10 mil espectadores en ciudades como Bogotá, Cali, Manizales y Medellín y en otras más pequeñas como Duitama o Pamplona. Sin embargo, también hay recintos provisionales y portátiles —con estructuras metálicas o de madera— que son instalados para festividades de pueblos y zonas rurales.
Algunas son privadas y no quedan registros de sus asistentes o del dinero que mueven.
Jorge Rojas, alcalde de Manizales, ciudad de tradición taurina ubicada en el centro oeste del país, ha dicho a la prensa local que la prohibición tendrá impacto económico dado que las corridas de toros en la feria de Manizales.
Celebrada cada año en la primera semana de enero generaban, según el mandatario, mil empleos directos y cuatro indirectos entre las personas que lidian en el ruedo y los encargados de la logística. Calculó que la temporada taurina atrae a cerca de 70 mil asistentes.
Además de las corridas de toros, también quedará prohibido el rejoneo, que consiste en torear a caballo, así como las novilladas, en las que se lidian novillos de edades de tres a cuatro años; las becerradas, con machos o vaquillas de edad inferior a dos años; y las tientas.
Que suelen ser privadas y en las que un torero hace una prueba para seleccionar a las mejores vacas que engendrarán los toros de lidia o los machos sementales.
VHIT