Aunque comparten algunas similitudes y ambos implican la salida forzada de una persona de un país, la extradición y deportación no son lo mismo.
Ambos términos suelen usarse como sinónimos en la conversación cotidiana, pero en el terreno legal son procesos muy distintos, con implicaciones profundas en materia de derechos humanos, soberanía y cooperación internacional.
Y es que mientras la extradición es un proceso jurídico, la deportación es más bien un procedimiento administrativo. ¿Cómo se lleva a cabo cada uno? Te explicamos.
¿Cómo funciona el proceso de extradición en México?
Como MILENIO detalló en la entrega anterior, la extradición es el procedimiento mediante el cual un Estado (requirente) solicita a otro Estado (requerido) la entrega de una persona acusada o condenada por la comisión de un delito cometido en el país requirente.
En México, la extradición se rige bajo la Ley de Extradición Internacional y, de ser el caso, mediante acuerdos de extradición establecidos con otros Estados. Esto indica que, para que una persona sea extraditada a otra nación, se debe de cumplir un proceso y ciertos requisitos.
Acorde con un documento del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), en el caso del acuerdo entre Estados Unidos y México, el procedimiento de extradición inicia con una solicitud de detención provisional en contra de la persona requerida o con la solicitud formal de extradición —aunque la mayoría de las veces es a través de la primera—.
En el artículo 11 del Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, se establecen los requisitos que debe contener la petición de detención provisional son:
- Explicación del delito por el cual se solicita la detención/extradición.
- Descripción de la persona reclamada y el lugar donde se encuentra.
- Promesa de formalizar la solicitud de extradición.
- Orden de aprehensión emitida en el país requirente en contra del reclamado.
Según apuntó el magistrado José Nieves Luna Castro, una vez que la petición es enviada y recibida por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se analizará si existe fundamento para llevar a cabo la medida solicitada.
En caso de aprobarse, es turnada a la Fiscalía General de la República (FGR) para que se promueva la orden de arresto correspondiente.
Dos tipos de solicitud de extradición
Cuando Estados Unidos pide a México la detención de una persona para ser extraditada y esta es aprehendida a través de una orden de arresto provisional —como sucedió con el caso de Ovidio Guzmán López, integrante de Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa—, la autoridad extranjera deberá presentar la solicitud formal de extradición (mediata o inmediata) en un plazo no mayor a 60 días.
"Durante dicho tiempo no se practicará actuación o diligencia alguna, ya que el procedimiento de extradición inicia propiamente con la entrega de la solicitud formal", aclara el CJF.
Luego da inicio un proceso judicial interno, en el que un tribunal de México evalúa si la extradición es procedente conforme a la ley interna y a los tratados internacionales. A la par, la persona solicitada puede presentar pruebas y argumentos a su defensa.
Si la extradición se concede, la decisión será notificada a la persona reclamada y su defensa, quienes podrá impugnar la decisión a través de un amparo indirecto durante los próximos 15 días. En caso de que no suceda, la SRE ordenará que el sujeto sea entregado al país que lo solicitó.
¿Y cómo funciona el proceso de deportación?
La deportación es un proceso mediante el cual un país expulsa a un extranjero de su territorio por haber incumplido normas migratorias o por razones de seguridad, orden público o interés nacional.
A diferencia de la extradición, el proceso de deportación es vigilado por la autoridad migratoria del país. En el caso de México, el Instituto Nacional de Migración (INM), instancia encargada de notificar a la persona que se busca deportar.
Algunos sistemas permiten al extranjero defenderse, aportar pruebas, o solicitar asilo si teme persecución. Si hay razones humanitarias, las autoridades pueden suspender o revocar la orden de deportación.
Cuando la deportación es aprobada, la autoridad competente emite una orden formal de deportación. En esta etapa se puede establecer un plazo voluntario para salir del país o una expulsión inmediata si hay riesgo de fuga o peligro para la seguridad.
Dependiendo del país, la persona deportada tendrá derecho a todo momento de ser notificado; contar con asistencia legal o consular; apelar o impugnar la orden; solicitar protección internacional; tener trato digno y humano durante el proceso.
Uno de los casos de deportación más polémicos en lo que va del 2025 ocurrió en marzo, cuando el gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, deportó a Kilmar Armando Ábrego García, un hombre originario de El Salvador que vivía en Maryland, era beneficiario de estatus de protección y no había sido acusado ni condenado por ningún delito.
A pesar de su situación regular y cumplimiento con las obligaciones migratorias, Ábrego fue enviado a El Salvador y encarcelado en el Centro de Confinamiento Antiterrorista (CECOT), sin juicio ni orden judicial; un hecho que Estados Unidos posteriormente calificó como "un error administrativo".
En la próxima entrega, MILENIO explicará: ¿qué países sí extraditan y cuáles no?
RMV.