El ex presidente de Perú, Pedro Castillo, enfrenta un proceso en su contra por los cargos de corrupción y rebelión ante la fiscalía; que comenzó el 7 de diciembre cuando todavía ocupaba el cargo e intentó disolver el Congreso para evitar su destitución, sin embargo, no contó con el apoyo de la élite de su país.
El vacío de poder provocó que la vicepresidenta Dina Boluarte asumiera el puesto, entre protestas de los ciudadanos que no la querían a cargo, también fue criticada por jefes de otros Estados. Tal es el caso del presidente López Obrador, quien recientemente fue declarado persona non grata por los legisladores peruanos.
Castillo ha interpuesto numerosos recursos legales para conseguir su libertad pero le han sido rechazados, de modo que se mantiene preso en el penal de Barbadillo. Ahí se dedica únicamente a la jardinería, en el patio de su celda.
Su situación se complicó cuando el Congreso de su país aprobó un informe que recomienda juzgarlo por corrupción, con base en materiales periodísticos que lo acusan a él y a su esposa de malversación de fondos.
Los delitos fueron denunciados en reportajes en los que se observó a la hermana de Lilia Paredes (esposa de Castillo), Yenifer Paredes, cuando acudió a ofrecer obras de saneamiento en distritos rurales con el financiamiento del ministerio de Vivienda o de los municipios, a cargo de empresas de amigos suyos y en las que ella misma trabajaba.
A raíz de estos hechos, Castillo iba a ser sometido a un juicio político por el Parlamento y debía presentarse ante el pleno para responder a las denuncias en su contra, cuando decidió el pasado 7 de diciembre anunciar un presunto golpe de Estado, el cierre del Congreso e instaurar un gobierno de emergencia.
Mientras tanto, Dina Boluarte todavía debe rendir cuentas con la justicia sobre las violaciones a derechos humanos ocurridas durante las protestas en su contra. La presidenta solicitó una prórroga para comparecer ante la fiscalía, que la acusa de genocidio, homicidio y lesiones.
La mayoría de los ciudadanos de Perú considera que las fuerzas del orden abusaron de su poder para reprimir las protestas, puesto que decenas de personas fueron asesinadas durante los meses que duraron, de acuerdo con una encuesta del Instituto de Estudios Peruano.
¿Qué alega la defensa de Castillo?
Guido Croxatto, abogado de Castillo explicó que el delito de rebelión del que se le acusa al ex mandatario, implica que alguien porte un arma, pero en ese caso no se configura porque el ex presidente “no agarró ningún arma, fueron contra él y su hija que está exiliada en México”.
Además, dijo que el delito de conspiración supone que haya dos o más personas conspirando, "pero el discurso, el mensaje a la nación no lo firmó ningún ministro, con lo cual si vos querés procesarlo por conspiración a Castillo, tendrías que procesar al pueblo peruano, a dos millones de peruanos, lo cual es un absurdo jurídico".
La defensa legal del ex mandatario ha tenido buen recibimiento en México, más no así en su país de origen. Pedro Castillo ha solicitado continuar con su proceso en libertad en varias ocasiones, y en la más reciente habló vía remota con el juez.
"Yo no cometí el delito de rebelión ni conspiración, pido la decisión firme para obtener mi libertad, de la que estoy privado injustamente", concluyó.
Incluso llegó a defenderse en cadena nacional, a través del canal del Poder Judicial de Perú. En su intervención defendió su mandato y negó cualquier actividad criminal.
"Niego rotunda y categóricamente ser autor y ser parte de una red criminal. El único delito que he cometido es servir a mí país como presidente de la república", sentenció.
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Tensiones por la Alianza del Pacífico
México no es el único país con el que Perú tiene dificultades diplomáticas, de hecho antes de que el presidente AMLO fuera declarado persona non grata, su homólogo Gustavo Petro obtuvo el mismo título de parte del Congreso peruano.
El motivo para romper relaciones con el gobierno mexicano y colombiano fue el mismo: las críticas a la presidenta por su forma de tomar el poder, en una actitud que consideraron opuesta a la voluntad del pueblo.
Por su parte, Andrés Manuel López Obrador reiteró que no pretende entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico a Boluarte, por su calidad de "espuria", al tiempo que pausó las relaciones diplomáticas y económicas con Perú.
"Entonces se la entrego a los chilenos. —¿En septiembre?— Sí, pero no se la voy a entregar a la señora que está usurpando la presidencia. Mientras no haya normalidad democrática en Perú, no queremos relaciones económicas ni comerciales con ellos".
SNGZ