Las enmiendas a la Ley de Amnistía fueron aprobadas hoy por la Comisión de Justicia en el Congreso de los Diputados de España, tras el pacto entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y los independentistas Junts y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC).
De esta manera el camino se despeja para que la nueva norma pueda ser aprobada definitivamente y aplicada a los participantes que en el año 2017 declararon de forma ilegal la independencia de Cataluña.
Dicha norma fue, entre otras cosas, la exigencia que hicieron los independentistas catalanes a Pedro Sánchez para votarle y que continuara como presidente de España. Se trata de una “ley de reconciliación”, según el gobierno de Sánchez, que no contó con el apoyo de la derecha y la ultraderecha, es decir, del Partido Popular (PP) y Vox.
Después de varios meses de negociación y de tramitación parlamentaria, el PSOE, Junts y ERC lograron ponerse de acuerdo y posteriormente las enmiendas a la nueva ley fueron aprobadas tras el bloqueo al que se había visto abocada en las últimas semanas.
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, celebró el acuerdo alcanzado sobre el proyecto de ley de amnistía. “Creo que con esta ley se cierra una etapa de enfrentamiento, una década de fracaso colectivo en Cataluña en la que no ganó nadie”. Además, defendió que la norma es constitucional y acorde al derecho europeo y “se va a convertir en un referente mundial”.
Así lo dijo:
Afirmó que “con esta ley abrimos una nueva etapa, una etapa de diálogo, de acuerdos, una etapa donde se va a hacer política dentro de las instituciones y dentro de la Constitución”.
La proposición de Ley de Amnistía regresó a la Comisión de Justicia el pasado 6 de febrero después de que, una semana antes, los diputados de Junts, el partido del ex presidente catalán Carles Puigdemont, votaran en contra en el Peno de la Cámara Baja ante la negativa de los socialistas a apoyar sus enmiendas. Fue entonces cuando se abrió un primer plazo para la emisión de un nuevo dictamen que, después, volvió a aplazarse por petición del PSOE.
Las enmiendas incluyen algunas modificaciones en el redactado de la norma, que mantiene los delitos de terrorismo y de traición en sus modalidades más graves como no amnistiables.
Entre los cambios que se introducen están las permanentes referencias al “derecho europeo e internacional” en cuanto a su aplicación en los delitos de terrorismo y traición, y no así al Código Penal español.
Una modificación que en el PSOE defienden como “técnica” y que solo busca la asimilación a “los estándares europeos” y que en Junts interpretan como un regate a la posible acción de la Justicia española respecto a las causas abiertas contra líderes independentistas como Carles Puigdemont, que huyó a Bélgica para no ser encarcelado tras declarar la independencia de Cataluña.
Otra de las modificaciones tiene que ver con la fecha de los delitos amnistiados. Ahora se amplía el plazo de la cobertura de la ley desde el 1 de noviembre de 2011 y quedan incluidos todos los acusados por el Tribunal de Cuentas (la fecha que constaba ahora era el 1 de enero de 2012).
Sin embargo, el ministro Félix Bolaños no quiso responder si los cambios introducidos en el texto garantizan que dirigentes como Puigdemont, puedan beneficiarse de la norma.
“No responderé sobre ninguna persona concreta, son los jueces los que tienen que pronunciarse. La voluntad de todos los que hemos acordado esta ley es que todas las personas implicadas en el procès (proceso) independentista queden amnistiadas, todas”, afirmó.
El recorrido que le queda
Tras salir adelante hoy, la nueva norma se elevará en consecuencia al Pleno del Congreso. Esta sesión podría llegar a fijarse en la próxima semana.
Posteriormente, la ley volvería a ser sometida a dos votaciones. La primera, el dictamen de la comisión; después, la votación conjunta por tener carácter orgánico y que sólo obtendrá luz verde si obtiene la confianza de la mayoría absoluta de la Cámara Baja.
En el caso de conseguir el pase del Congreso, será conducida al Senado para que concluya su trámite parlamentario. No obstante, podría volver a verse obstaculizada debido a la mayoría parlamentaria que ostenta el PP en la Cámara Alta y que, según han advertido en varias ocasiones, tratarán de retrasar todo lo posible los trámites, aunque el plazo no podrá extenderse más allá de dos meses.
SNGZ