La decisión de la Corte suprema de Brasil de retirar parte de los procesos judiciales contra Luiz Inacio Lula da Silva de las manos del juez Sergio Moro -que lidera las causas de la Operación Lava Jato- causó polémica en el país, donde se especula con la posibilidad de que su condena pueda ser revisada.
Uno de los dos grupos de magistrados del Supremo Tribunal Federal (STF) decidió el martes, por 3 votos a 2, que partes de la confesión de los empresarios de la constructora Odebrecht a la Fiscalía sobre los supuestos crímenes de Lula da Silva tramiten en la Justicia estatal de Sao Paulo, y no donde están actualmente, en Paraná, donde Moro actúa.
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Se trata del caso que analiza si Lula da Silva recibió de Odebrecht coimas a cambio de contratos con la estatal Petrobras que serían pagadas por medio de una casa en la localidad de Atibaia, en Sao Paulo, cuya propiedad el ex presidente niega, y un terreno para la construcción del Instituto Lula.
La decisión responde a un recurso presentado por la defensa de Lula da Silva, que quiere evitar que Moro –que ya le juzgó y le condenó por corrupción y lavado de dinero- juzgue de nuevo al exmandatario en el marco de la Lava Jato.
La Fiscalía general de Brasil estudia recurrir la decisión, que podría tener consecuencias profundas para el ex presidente, encarcelado desde el pasado 7 de abril y, por ello, considerado como fuera de los comicios presidenciales de octubre, donde es el favorito en los sondeos.
Ello porque, siguiendo el mismo criterio, la condena de Lula da Silva a 12 años y un mes de cárcel por recibir un departamento de tres plantas en la localidad balnearia de Guarujá también podría ser revisada, si la Justicia decide que debía ser tramitada en Sao Paulo y no en Paraná.
Los fiscales que lideran el grupo de la Lava Jato reaccionaron este miércoles con una nota de rechazo a la decisión de la Corte Suprema en la que critican el "lamentable tumulto procesal" causado.
Los investigadores, además de parte de la prensa brasileña, sospechan que se trata de una maniobra para justificar una eventual salida de prisión de Lula da Silva y la anulación de su condena.
El ex presidente, que gobernó el país entre 2003 y 2010, niega cualquier irregularidad y asegura que es víctima de una trama judicial para impedir que se presente a las elecciones de octubre para optar a un tercer mandato.
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