La acusación del gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Justicia, a diez funcionarios de Sinaloa, incluido el gobernador en licencia, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y cargos por narcotráfico sigue dando de qué hablar.
La detención de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública señalado por la justicia estadunidense, y la entrega del exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, a ese país revivieron el documento que la administración Trump lanzó el 29 de abril.
En ella, entre otros datos, se dio a conocer la millonaria cifra que funcionarios como Mérida y Díaz Vega recibían de Los Chapitos, célula del cártel sinaloense, con tal de asegurar su imperio de la droga intacto, y ellos, alejados de la cárcel.
Administración de EU señala políticos mexicanos por narco
La investigación que incluye a Rocha Moya involucra también al subfiscal general Dámaso Castro Zaavedra; a Marco Antonio Almanza y Alberto Jorge Contreras, exjefes de la Policía de Investigación estatal; José Antonio Dionisio, alias Tornado, exsubdirector de la Policía Estatal; al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y a Juan Valenzuela Millán, alias Juanito, excomandante de alto rango en la Policía Municipal de Culiacán.
De acuerdo con el documento judicial, los señalados enfrentan cargos por tráfico de drogas y delitos relacionados con armas de fuego. Las autoridades estadunidenses sostienen que los acusados habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa para facilitar la distribución de grandes cantidades de narcóticos hacia Estados Unidos.
“Para proteger y que creciera su imperio de tráfico de drogas, se presume que el cártel ha colaborado con políticos corruptos y autoridades, incluyendo a los acusados, quienes han abusado de su autoridad para dar apoyo al cártel, han expuesto y sujetado a víctimas a amenazas y violencia y han vendido sus cargos a cambio de sobornos masivos”, apunta el comunicado de Washington.
¿Cuánto dinero daban por protección los capos a funcionarios de Sinaloa?
Respecto a los presuntos sobornos que recibían los funcionarios, la acusación señala que Iván y Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López, líderes de Los Chapitos e hijos de Joaquín Guzmán Loera, daban a Dámaso Castro, subprocurador general de la Fiscalía General de Sinaloa, un monto aproximado de 190 mil pesos mexicanos al mes (11 mil dólares) a cambio de protegerlos de ser arrestados y otorgarles información sobre operativos que se planearan en coordinación con Estados Unidos.
Por su parte, supuestamente, el mando policial Juan Valenzuela Millán obtenía más de 27 mil pesos (mil 600 dólares) mensuales por brindarle a los capos acceso ilimitado a la policía municipal de Culiacán, el cual consistía en proveer elementos de seguridad que mantuvieran el control de Culiacán a su favor para operaciones, que incluían arrestos, secuestros y asesinatos.
Marco Antonio Almanza también es acusado de recibir sobornos de Los Chapitos para obtener protección y para que se emitieran órdenes de arresto en contra de enemigos de la facción.
Además de los mencionados, José Antonio Dionisio Hipólito era parte de la nómina de Los Chapitos. Antes, durante y después de su cargo como subdirector, siempre formando parte de la policía estatal, ha facilitado las operaciones de Los Chapitos en el estado, además de haber permitido la instalación de oficiales corruptos y que operaban bajo el amparo de los hijos del Chapo Guzmán.
Con información de Ángel Hernández
MD