Más de 60 congresistas demócratas pidieron al gobierno de Joe Biden dejar de someter a los solicitantes de asilo a las "entrevistas de miedo creíble" mientras están bajo custodia tras cruzar la frontera, en una carta a la que tuvo acceso la agencia AFP.
Las entrevistas de miedo creíble son realizadas a los migrantes en la frontera de México y Estados Unidos para evaluar si el solicitante de asilo se encuentra en riesgo de persecución o de homicidio si regresa a su país.
Si concluyen que existe, el migrante deberá comparecer ante un juez para ingresar a Estados Unidos; en caso contrario, será expulsado a través de una "deportación acelerada", como advierte el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
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Desde mayo, cuando se levantó el Título 42, el gobierno de Biden envió a cientos de funcionarios para agilizar las solicitudes, entrevistas y trámites, sin embargo los migrantes deberán permanecer bajo custodia de la patrulla fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) en lo que llega su entrevista.
Biden prometió entonces que los migrantes tendrían acceso a un abogado para la entrevista pero diversas organizaciones han acusado que éstos son aislados para estar menos preparados.
En una carta, los congresistas llaman al secretario de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas, y al fiscal general, Merrick Garland, a "detener de inmediato" la práctica de realizar las evaluaciones bajo custodia.
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Pedirles que se sometan a las entrevistas tan sólo un día después de llegar es "inherentemente problemático" porque los traumas son recientes y se realizan en las instalaciones de la CBP.
Estas entrevistas de miedo creíble se llevan a cabo por teléfono con los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). Si los solicitantes de asilo no las pasan, lo que a menudo sucede, pueden pedir justo después que un juez migratorio revise el caso, pero también por teléfono y en el mismo lugar.
Los congresistas también critican las dificultades "en el acceso a un abogado", que solo se permite a través de las mismas cabinas telefónicas.
Como consecuencia, la inmensa mayoría se queda sin asilo y vuelven "a las condiciones de las que huyeron", afirman, y recuerdan que "el debido proceso es un derecho", al igual que facilitar el acceso a un abogado.
aag