M+.- Sobrevivientes de violencia doméstica, de trata de personas y crímenes graves que fueron arrestadas y deportadas por el gobierno de Donald Trump, obtuvieron un fallo judicial que podría cambiar su situación: un juez federal determinó que lo que les hicieron los agentes de la migra fue ilegal.
De acuerdo con la investigación de MILENIO, el 20 de mayo, el juez André Birotte Jr, del Tribunal de Distrito Central de California, bloqueó tres políticas migratorias de la administración Trump que desde enero de 2025 habían permitido detener y deportar de forma rutinaria a personas que buscaban protección bajo la Ley de Violencia contra la Mujer, conocida como VAWA, por sus siglas en inglés.
Esta determinación también cubre a aquellas personas que aplicaban a los programas de Visa U y Visa T, beneficios migratorios que el Congreso creó específicamente para víctimas de crímenes graves y de trata de personas que deciden cooperar con las autoridades.
La orden tiene alcance nacional y exige además que tres de las demandantes ya deportadas regresen a Estados Unidos, entre ellas, una mujer que al bajar del avión encontró a su agresor esperándola en el aeropuerto. MILENIO tuvo acceso al expediente completo del caso que documenta con nombre e historia lo que esa nueva política de Trump significó para mujeres migrantes.
La guía que borró 14 años de protección
El 30 de enero de 2025, 10 días después de que Trump regresó triunfal a la Casa Blanca, el Servicio de Inmigración conocido por sus siglas ICE, emitió la Guía 2025, un memorando que en pocas páginas derogó dos directivas federales vigentes desde 2011.
Se trataba de la obligación de los agentes de abstenerse de perseguir a personas con solicitudes de Visa U, Visa T o VAWA pendientes, y el mandato de verificar con la agencia correspondiente si esas solicitudes eran legítimas antes de proceder con una deportación.
La lógica original para otorgarles protección era que, si una víctima de violencia doméstica sabe que llamar al 911 puede costarle la deportación, decide no llamar. Igualmente, si una sobreviviente de trata sabe que cooperar con la fiscalía la convierte en deportable, tampoco le convendría cooperar.
Con la Guía 2025, ICE estableció que sus agentes ya no estaban obligados a considerar la condición de víctima como un factor positivo en sus decisiones, ni a solicitar una evaluación preliminar del caso antes de ejecutar una deportación.
“Antes de 2025, el ICE respetaba religiosamente el estatus de acción diferida”, declaró ante el tribunal un exfiscal federal adjunto.
La acción diferida es una autorización temporal del gobierno que protege a una persona de ser deportada mientras su solicitud migratoria está pendiente.
“Ninguno de nuestros clientes con solicitudes U, T o VAWA pendientes fue deportado sin una revisión de su caso. Nunca habíamos tenido un cliente deportado con acción diferida vigente”, sostuvo.
Violencia en casa
Uno de los casos más documentados en el expediente es el de Carmen 'F', una mujer de 42 años nacida en un país de Latinoamérica. Llegó a Estados Unidos en 2022 y desde entonces su esposo la agredía física y sexualmente dentro del hogar. En el verano de 2024, la violencia llegó a tanto que un día amenazó con matarla. Ella corrió a encerrarse con su hijo de ocho años en una habitación. De ese día recuerda al niño gritando aterrorizado.
Carmen llamó a la policía y obtuvo una orden de restricción. En noviembre de 2024, bajo la política anterior, ICE le concedió una suspensión temporal de deportación para que preparara su solicitud de Visa U, el beneficio migratorio para víctimas de crímenes que cooperan con las autoridades.
En marzo de 2025 presentó formalmente el caso. Tenía razones para creer que el proceso la protegería: su agresor había sido deportado y la ley estaba de su lado.
Tres meses después, en junio, ICE la citó a una revisión que debía ser de rutina, pero la detuvo junto con su hijo y permanecieron encerrados en un centro de detención durante dos meses. Luego los deportó sin solicitar a la agencia competente una evaluación preliminar de su solicitud, contraviniendo el mandato expreso del Congreso.
Cuando el avión aterrizó, el esposo de Carmen estaba esperándola en el aeropuerto. La obligó a irse con él. Desde entonces controla cada uno de sus movimientos y monitorea sus comunicaciones.
“Me pusieron en un avión y me enviaron a los brazos de la persona de la que yo había buscado protección”, declaró Carmen ante el juez. El tribunal ordenó que el gobierno de Estados Unidos permita su regreso.
Otro caso es el de Lupe 'A', quien tenía 64 años y llevaba 21 viviendo en Los Ángeles cuando los agentes de ICE llegaron a su domicilio. Desde 2017, tenía una solicitud de Visa U activa. USCIS, la agencia que evalúa esas solicitudes, había determinado que su caso era legítimo y le había otorgado acción diferida, una autorización oficial que garantizaba que no sería deportada al menos hasta octubre de 2026.
Sin embargo, siguiendo las instrucciones avaladas desde la Casa Blanca, el 28 de abril de 2025 los agentes migratorios la esposaron y la trasladaron a una instalación de ICE para ejecutar una orden de deportación de 1998. Su abogada llamó de inmediato e informó de su estatus vigente, pero no les importó. Al día siguiente la pusieron en un avión.
Lupe nunca recibió notificación de que su acción diferida hubiera sido revocada, porque en los papeles, técnicamente, no lo había sido. ICE simplemente la ignoró. Lleva más de un año separada de su familia, sus mascotas y el negocio que construyó a lo largo de dos décadas.
Un tercer caso es el de Kenia 'J' Merlos, hondureña de 43 años con acción diferida vigente, quien fue detenida en junio de 2025. Kenia se encontraba en un parque del estado de Washington con su familia, sus hijos menores, que ya son ciudadanos estadunidenses. Los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza llegaron y detuvieron a todo el grupo.
Kenia y sus hijos pasaron dos semanas en detención, incomunicados. Más tarde liberaron a los menores y a ella la transfirieron a custodia de ICE en Tacoma, Washington, donde permaneció tres meses y medio. Mientras estaba detenida, ICE arrestó y deportó a su esposo, dejando a los niños sin la protección de sus padres.
Un juez de inmigración ordenó terminar el proceso contra Kenia en octubre de 2025, pero ICE la mantuvo detenida mientras evaluaba si apelaba esa resolución. Terminaron liberándola el 27 de octubre tras la presentación de un recurso de habeas corpus, gracias al cual se revisó si estaba ilegalmente detenida.
Violencia sexual y trata
Paulo 'C' tiene 43 años, es mexicano y vive en Texas desde 2010. Es padre de cuatro hijas nacidas en suelo estadunidense. En 2018, su hijastra de 13 años fue violada. Paulo y su esposa denunciaron el crimen, cooperaron con la investigación y el agresor fue declarado culpable de lesiones graves a un menor. En 2023, el gobierno reconoció esa cooperación con acción diferida y permiso de trabajo, válidos hasta marzo de 2027.
En julio de 2025, la policía local lo detuvo en un control de tráfico de rutina. Mientras Paulo seguía detrás de las rejas, ICE arrestó y deportó a su esposa, quien también tenía un caso pendiente, por lo cual las cuatro niñas se quedaron sin el cuidado de sus progenitores.
Por su parte, Yessenia Ruano, salvadoreña de 38 años, llegó a Estados Unidos en 2012 huyendo de amenazas directas en su país. Durante el trayecto, además, fue víctima de trata. Sin embargo, pudo llegar a Estados Unidos. Llevaba ocho años trabajando como asistente de maestra en Wisconsin, y tenía unas gemelas de 10 años nacidas en suelo estadunidense. Ellas nunca habían ido a El Salvador.
En febrero de 2025, Yessenia presentó una solicitud de Visa T, el beneficio federal diseñado específicamente para sobrevivientes de trata de personas. ICE negó su solicitud de suspensión sin pedir a USCIS que evaluara si su caso era legítimo. En una de sus revisiones de rutina, el agente fue explícito: si no se iba por su propio pie, la cazarían, la separarían de sus hijas y deportarían a la fuerza.
Yessenia se fue voluntariamente el 11 de junio de 2025. Tenía miedo de que sus hijas la vieran esposada. Las gemelas lloraban sin parar mientras intentaban adaptarse a un país que no conocían. Ahora el juez André Birotte Jr, del Tribunal de Distrito Central de California ya ordenó que Yessenia también puede volver.
El fallo y lo que ordena
El 20 de mayo, este juez federal concluyó que la Guía 2025 era, con alta probabilidad, arbitraria y contraria a la ley. Arbitraria porque ICE no explicó por qué ignoraba décadas de política federal que la precedieron, ni los intereses de las personas que habían actuado de buena fe confiando en las promesas del Congreso.
Contraria a la ley porque los propios estatutos que crearon la Visas U, la Visa T y VAWA establecen que el gobierno debe evaluar si una solicitud es legítima antes de proceder con una deportación, un paso que la nueva política eliminó.
La resolución certifica tres clases nacionales de demandantes, ordena suspender las tres políticas impugnadas y exige al Departamento de Seguridad Nacional permitir el regreso a Estados Unidos de Lupe 'A', Carmen 'F' y Yessenia Ruano.
“Este fallo envía un mensaje claro: el gobierno no puede arrestar, detener y deportar a sobrevivientes inmigrantes que tienen el derecho de permanecer en este país”, declaró Rebecca Brown, abogada supervisora del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de Public Counsel.
Uno de los ejes centrales del caso fue el argumento que los demandantes presentaron sobre seguridad pública, y que la administración Trump nunca respondió con evidencia: cuando una víctima sabe que denunciar un crimen puede costarle la deportación, no lo hace. Cuando un testigo sabe que cooperar con la fiscalía lo convierte en deportable, no coopera. El resultado de ello no es mayor seguridad, sino más impunidad para los agresores.
Más de 6 mil casos directamente afectados
Fueron cuatro las organizaciones que presentaron la demanda: el Immigration Center for Women and Children (ICWC), la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA, en inglés), La Raza Centro Legal y la Colaborativa de California para la Justicia Inmigrante. Estas representan colectivamente a miles de personas que están en la situación que exactamente el fallo busca proteger.
“Nuestros clientes pueden respirar un poco más tranquilos al saber que estas protecciones están siendo restauradas”, declaró Jessica Farb, subdirectora de ICWC, organización que tiene más de 6 mil clientes con solicitudes de visa U, T o VAWA pendientes.
“Esto significa que es menos probable que enfrenten una detención o deportación ilegal mientras sus casos avanzan”.
Mientras tanto, en algún lugar fuera de Estados Unidos, mujeres como Carmen 'F' esperan poder regresar al país donde llamaron al 911, confiaron en su sistema y terminaron siendo devueltas a quien las amenazó de muerte.
Los nombres completos de los demandantes individuales no se publican para proteger su seguridad.
Fact checking: JRH
MD