La Asamblea Nacional de Ecuador votó el sábado a favor de un informe que recomienda abrir un proceso de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, acusándolo de corrupción por negocios en empresas públicas.
El informe, que no es vinculante, fue aprobado por 104 de los 137 legisladores de Ecuador en un esperado rechazo al liderazgo de Lasso, quien tiene una relación antagónica con los miembros de la Asamblea.
El reporte fue presentado el miércoles por una comisión de siete legisladores, en su mayoría opositores, que examinaron las acusaciones sobre contratos en empresas estatales ecuatorianas a cambio de sobornos y una filtración de una investigación de la policía sobre presunto narcotráfico.
El informe concluyó que Lasso podría haber estado involucrado en posibles delitos contra la seguridad del Estado y la administración pública, afirmaciones rechazadas por el gobierno.
El gobierno calificó el informe como un "ataque a la razón" y ha dicho que sus hallazgos se basan en coincidencias y conjeturas.
"El informe aprobado por la Asamblea Nacional carece de sustento lógico, probatorio y jurídico", dijo Lasso en su cuenta de Twitter. "No obstante, he dispuesto contestar con absoluta transparencia y celeridad todo requerimiento de la @FiscaliaEcuador para esclarecer cualquier duda", añadió.
Para que se lleven a cabo las audiencias de juicio político, un legislador debe presentar evidencia acusatoria contra Lasso con el apoyo de otros 46 legisladores, y la Corte Constitucional debe aprobar el procedimiento.
El movimiento político del ex presidente Rafael Correa ha dicho que sus legisladores podrían presentar estas pruebas.
"¡Justicia para el pueblo! Existen claras pruebas de delitos contra la administración pública y la seguridad del Estado", dijo en Twitter la legisladora Sofía Espín Reyes, integrante del bloque político dominado por Correa.
Lasso, un ex banquero conservador, no tiene mayoría en la Asamblea Nacional y se ha enfrentado reiteradamente con legisladores, algunos de los cuales intentaron derrocarlo en medio de protestas en 2022.
Los legisladores de la oposición dicen que hay otras opciones disponibles para remover el poder a Lasso incluso si las audiencias de juicio político no pueden avanzar, y han amenazado con convocar a protestas.
La semana pasada, la organización indígena CONAIE pidió la renuncia de Lasso y tiene prevista una jornada de marchas para el 8 de marzo.
MO