La Fiscalía ecuatoriana informó este martes que obtuvo la pena máxima contra un hombre que violó a su sobrina política, cuando ésta tenía ocho años de edad.
El escrito, periciado técnicamente, fue una de las pruebas que Fiscalía presentó en la audiencia de juicio para demostrar la autoría del procesado en el delito que cometió en noviembre de 2018.
Pese a que las agresiones fueron reiteradas -explicó- la víctima guardó silencio debido a que Diego Santiago C. la amenazó con matar a su familia si contaba lo ocurrido.
La niña no habló, pero expresó en la carta todo lo que sentía. El papel fue hallado en febrero de 2019 por la madre de la pequeña, quien tras leer el escrito, formalizó una denuncia para judicializar el caso.
Fiscalía inició un proceso contra el sentenciado, llevándolo a juicio. "En esta etapa procesal, la defensa no desconoció que se hubieran dado las agresiones, pero, en su intento por disminuir la gravedad del delito, quiso convencer a los jueces que el comportamiento delictivo de Diego Santiago C. se adecuó a un delito de abuso sexual y no al de violación", indicó la Fiscalía.
Pero los alegatos y la prueba expuesta por la Fiscal del caso desmontaron esa teoría.
El testimonio anticipado que la víctima rindió en cámara de Gesell (y reproducido en la audiencia de juicio) fue claro en demostrar que las actuaciones del procesado sí incurrieron en una violación, añadió.
La Fiscalía Especializada en delitos de Violencia de Género, de la localidad de Tumbaco, recordó al Tribunal que, al tratarse de un delito de carácter sexual, el testimonio anticipado de las víctimas "tiene un enorme valor probatorio".
Y que por ello, "debe ser considerada como prueba principal y directa" por parte de los juzgadores, conforme dictan sentencias de la Corte Nacional de Justicia.
Con la prueba documental y testimonial, la Fiscalía también probó que el acusado era parte del círculo íntimo de su víctima y que ella era menor a 14 años cuando ocurrieron los hechos.
El delito -dijo la Fiscal- se dio cuando la niña se quedaba sola en casa. Su madre, su abuela y la esposa del mismo sentenciado salieron a vender alimentos en los exteriores de un cementerio de Quito, aprovechando el festivo de finados de noviembre de 2018.
"Esa circunstancia dejó a la pequeña en una situación de vulnerabilidad, lo que fue aprovechado por Diego Santiago C. para violarla", puntualiza la Fiscalía en un comunicado.
El Ministerio Público también probó que el delito ocasionó secuelas, no solo en la víctima, sino también en su entorno, por lo que el Tribunal dispuso al Ministerio de Salud gestionar la atención psicológica para la infante y su madre.
Además, el pago de una multa correspondiente a 800 salarios básicos unificados y una reparación integral de 5 mil dólares a favor de la afectada.
La Fiscalía probó que hubo amenazas e intimidación en contra de la víctima menor a 14 años, y se estableció el máximo de la pena debido a que el agresor era parte del círculo íntimo de la niña.
SNGZ