Más de 4 mil efectivos de la fuerza armada y de la policía de El Salvador se sumaron el miércoles a las labores de seguridad en tres comunidades en la periferia de la capital del país centroamericano en un esfuerzo por localizar y capturar a grupos remanentes de las pandillas, informó el gobierno.
El presidente Nayib Bukele dijo en la red social X, antes Twitter, que desde la madrugada los soldados y policías cercaron las poblaciones de Popotlán y Valle Verde, en el municipio de Apopa; y La Campanera, en Soyapango.
“No vamos a detenernos hasta capturar al último terrorista que quede. No permitiremos que pequeños remantes se reagrupen y nos quiten la paz que tanto nos ha costado”, indicó.
Popotlán y Valle Verde son dos comunidades donde por años han operado las pandillas, aunque las autoridades afirman que su actividad ha disminuido debido a la política de mano dura implementada por el gobierno mediante un prolongado régimen de excepción.
Muchos de los pandilleros, aseguran, fueron capturados y llevados a las cárceles y otros huyeron a las zonas rurales.
El reparto La Campanera es un complejo habitacional de más de 2 mil viviendas en las que habitan más de 10 mil personas y que ha sido reconocido como unos de los más conflictivos del país, controlado por décadas por la pandilla Barrio 18 y en la que vivían algunos de los cabecillas, entre ellos Ernesto Mojica Lechuga, conocido como El Viejo Lyn, que guarda prisión en una cárcel de máxima seguridad.
En diciembre de 2022, más de 10 mil efectivos de la fuerza armada y de la policía, apoyados por unidades elites, ingresaron a todas las comunidades de Soyapango, entre ellas La Campanera, y prácticamente limpiaron la zona de pandilleros, pero en las últimas horas la zona se conmocionó con el asesinato de una niña de 7 años, el cual está siendo investigado.
Miembros del gabinete de seguridad del gobierno de Bukele llegaron en la madrugada hasta el municipio Apopa para supervisar el operativo.
Desde el 27 de marzo del año pasado rige un estado de excepción en el país como parte de una estrategia del gobierno de mano dura contra las pandillas, que implica la suspensión de derechos fundamentales como el de asociación, tener asistencia de un abogado y conocer las razones de una detención. Esto ha generado duros cuestionamientos de organismos de derechos humanos.
SNGZ