Las autoridades judiciales de Colombia decidieron condenar al ex representante a la Cámara, Luis Enrique Salas Moisés, a 10 años y 11 meses de prisión luego de que detectaron que obligó a dos integrantes de su equipo de trabajo a darle parte de su salario para que se mantuvieran en sus puestos.
Según revela Caracol, Martha Liliana Santander y José Darío Vargas fueron obligados por el ex congresista y pastor de la iglesia cristina 'En Tu Presencia', a la que ambos pertenecían, a que le pasaran parte de su sueldo por integrar y mantenerse en su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).
El medio revela que los dos integrantes de la UTL enviaban sus dineros a la cuenta asociada a la institución religiosa o a la de un colaborador del ex representante de la Cámara de Bogotá.
"Empero, desbordando indebidamente los límites de su función, Salas Moisés prevalido de su investidura y jerarquía, a cambio de nombrar a la primera, promover al segundo y, mantenerlos vinculados a la unidad de trabajo, les exigió la entrega de parte del dinero que devengaran producto de la relación laboral", sostuvo la sentencia.
El ex congresista aprovechó su posición política, su cargo religioso y las necesidades de las dos personas afectadas para cobrar el dinero "con pleno conocimiento de que su actuar se adecuaba al tipo penal imputado", según el documento judicial colombiano.
La Sala Especial de la Primera Instancia colombiana sostuvo que fue en los dos periodos como representante que ocurrieron las situaciones, comprendiendo de 2002 a 2006 y de 2006 a 2010, agregando además a 2011, que fue el año en que duró su investidura, según consigna El Espectador.
Luego de revelar su sentencia, se determinó que el ex representante debe pagar 302 millones de pesos colombianos (alrededor de un millón 450 mil pesos mexicanos) a la primera víctima y 68 millones de pesos colombianos (más de 326 mil pesos mexicanos) al segundo afectado.
Además, también se determinó inhabilitar al ex congresista por 103 meses y 13 días, además de una multa de 200 salarios mínimos mensuales vigentes en ese país, revelaron las autoridades judiciales colombianas.