No fueron 550 mil, sino un millón 170 mil migrantes que ya viven en España los que solicitaron su regularización, al finalizar el plazo para pedir la residencia —no nacionalidad—, cifras que rebasaron por mucho las previsiones del gobierno.
De acuerdo a fuentes cercanas al proceso, más de un 50 por ciento de las peticiones fueron admitidas y ahora deberán pasar tres meses para saber la respuesta a cada una de estas personas. El proceso ha sido muy criticado por la derecha y la ultraderecha, es decir, por el Partido Popular (PP) y Vox, que señalan que lo que pretende el Ejecutivo de Pedro Sánchez es alterar el censo.
No obstante, en caso de ser positivo, los extranjeros solo recibirán la residencia y con esa tarjeta no se puede votar en este país.
La mayoría de las solicitudes corresponde a ciudadanos latinoamericanos. El dato ratifica que la mayor parte de quienes solicitaron la regularización no tuvieron que atravesar una frontera de manera irregular, sino que entraron en España en avión y como turistas.
La nacionalidad colombiana destaca entre todas las demás, acercándose al 30 por ciento de las peticiones registradas. Lejos en porcentaje le sigue la marroquí, la venezolana y la peruana.
Las proyecciones iniciales del Ejecutivo estimaban poco más de 500 mil, ahora hay que tener en cuenta las duplicidades de expedientes que pueden producirse en este tipo de procedimientos, así como el descarte de casos que no cumplen los requisitos.
El PP y Vox llevaron este proceso a los tribunales y ante una mínima, y poco probable, posibilidad de paralización cautelar del procedimiento, el Ejecutivo aseguró que tratará de agilizar la tramitación en los próximos días para aumentar la seguridad jurídica de quienes han solicitado la regularización.
Para poder acceder a la regularización, los solicitantes debían de haber estado en España desde antes del 1 de enero de 2026, acreditar cinco meses de permanencia ininterrumpida y carecer de antecedentes penales, entre otras cosas.
El gobierno en distintas ocasiones ha hecho hincapié en la aportación de los migrantes al desarrollo económico de España, y en diversas intervenciones públicas ha resaltado el apoyo al proceso tanto de la Iglesia como de los empresarios.
El Sindicato Unificado de Policía advirtió que el mayor reto de la regularización comenzará ahora. A la carga extraordinaria de trabajo derivada del estudio de los expedientes, se sumará una segunda fase que puede resultar, según el colectivo, “más compleja”: la expedición de las Tarjetas de Identidad de Extranjero (TIE), la toma de huellas, la gestión de incidencias documentales y el resto de las actuaciones administrativas que deberá afrontar la Policía Nacional.
El SUP pidió “una planificación acorde con el volumen real de expedientes”, refuerzo en las plantillas y medios suficientes para las unidades afectadas, a la vez que reitera que “los policías volverán a responder con la profesionalidad que siempre les caracteriza”.
IYC