DOMINGA.– Luis Valentan, de 53 años, toma el megáfono frente al recién inaugurado edificio de la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México. Porta una gorra azul con las siglas L.A., la ciudad californiana a la que inmigró siendo un adolescente y que considera su hogar. No lo deportaron pero tampoco se fue por libre elección. Lo hizo para protegerse. Luis es un retornado forzado.
Un par de decenas de manifestantes se reúnen detrás de él. Sobrepasados por el número de policías que los rodean, varios llevan una diadema con un par de orejas azules de cartón, una clara referencia a Liam Conejo, el niño ecuatoriano detenido junto a su padre por agentes de ICE en Minneapolis. Su detención fue captada en un video que causó indignación, acorralado, con un gorro tejido azul con orejas, como las de esta protesta hechas de cartón.
La protesta en la Ciudad de México es un espejo de otras convocadas el mismo 30 de enero en Estados Unidos, en rechazo a la política migratoria de la actual administración de Donald Trump. Allá hubo un llamado a huelga nacional, marchas y cierres de negocios y escuelas, después de los asesinatos de Renée Nicole Good y Alex Pretti en Minnesota. Aquí, en México, la convocatoria frente a la representación de ese país es para protestar contra la criminalización de los migrantes, cuyas consecuencias ahora han alcanzado incluso a los ciudadanos estadounidenses.
Asisten personas estadounidenses que viven en México o con ascendencia mexicana, también quienes tienen la doble nacionalidad y varios mexicanos retornados. Comparten el megáfono para exponer sus testimonios. Exhiben carteles escritos en ambos idiomas: “ICE out”, “Un mundo sin fronteras”, “Migrar es un derecho, no es un crimen”, “Chinga la migra, Abolish ICE”. Los convocantes son organizaciones y activistas que trabajan con población migrante, en específico en el recibimiento de mexicanos deportados y otros retornados forzados.
Cuando Luis habla de retorno forzado, habla desde la experiencia. En 2010, se convirtió en promotor de derechos del trabajador inmigrante en Estados Unidos, luego de trabajar como jornalero en construcciones y campos de California por casi dos décadas. Luego, tomó el megáfono para personificar al Compa Ñero, un luchador enmascarado que informaba de sus derechos y documentaba sus historias.
Ahora, de vuelta en México, luego de vivir 34 años en el país del norte, Luis se quitó la máscara pero le ha sido imposible despojarse de su espíritu activista. Acá recibe a los recién retornados y los guía en conseguir apoyos gubernamentales, inscribir a los niños en las escuelas, buscar empleo, lo que vayan necesitando en tierra azteca.
Trump paga para que los migrantes se vayan
Luis Valentan habla también como miembro de una familia mexicoestadounidense que, por protección, abandonó aquel país. Su caso, asegura, no es el único. En el último año cientos de familias se han separado, unos se quedan, otros regresan, y otras las integran niñas, niños y adolescentes que nunca habían estado en este país, como es el caso de sus dos hijas más pequeñas, de cuatro y dos años.
Durante el primer año del segundo mandato de Donald Trump, su gobierno comenzó a promover la ‘autodeportación’ a través del proyecto “Vuelta a casa”. En marzo de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) lanzó la aplicación CBP Home para personas extranjeras indocumentadas que “desearan” volver a sus países de origen sin ser detenidos o procesados por autoridades migratorias; a cambio les condenaría multas, pagaría el boleto de avión y daría 2 mil 600 dólares por irse.
Sin embargo, organizaciones de defensa de derechos humanos y abogados alertan sobre los riesgos potenciales de esta opción y desaconsejan utilizarla: no es un beneficio migratorio legal y no asegura la posibilidad de regresar en el futuro. Además, los medios han documentado historias de personas que usaron la aplicación pero no recibieron los apoyos prometidos.
Hasta diciembre de 2025, unas 40 mil personas salieron autodeportadas usándola, según datos del New York Times. Poco antes, en septiembre, Propublica obtuvo información del DHS: 25 mil salidas de inmigrantes de todas las nacionalidades que se registraron en la app, de las cuales sólo alrededor de la mitad tuvo la asistencia para retornar a sus países.
Las cifras de cuántos y a dónde vuelven es aún menos clara. Esta migración de retorno es en buena parte invisibilizada por los gobiernos. Durante 2025, México contabilizó un total de 160 mil 192 eventos de devolución de connacionales desde Estados Unidos, un 22% menos que los registrados en 2024. Pero existe una cifra desconocida de personas que no aparecen en los reportes oficiales porque simplemente no pasan por los puntos de repatriación: son los retornos “voluntarios”, los migrantes ‘autodeportados’, considerados así porque no pasan por un proceso legal, aunque su regreso sea también forzado.
Pese a que los casos de autodeportación no están siendo contabilizados, las organizaciones que llevan más de una década recibiendo a esta población en México señalan lo obvio: un flujo de retornos forzados que incrementa a la par de la persecución a las comunidades inmigrantes en Estados Unidos.
De jornalero a ‘Compa Ñero’
Antes de que Luis Valentan se uniera a la Red Nacional de Organización de Jornaleros, impulsara la creación de una radio jornalera en Pasadena y se convirtiera en el luchador enmascarado que –con un megáfono– invitaba a los trabajadores inmigrantes a conocer y exigir sus derechos, su historia en Estados Unidos comenzó en 1991. De la CdMx emigró a los 19 años a California, ahí nacieron sus primeras dos hijas. Para 2004 decidió mudarse con su familia a Arizona, donde era más asequible comprar una casa y en menos de dos años lo logró.
En 2010, sin embargo, ese estado promulgó una ley que Luis considera el experimento inmediato de lo que ahora sucede por todo Estados Unidos: la Ley SB 1070, la ley antiinmigrante de Arizona que permitió a la policía local detener y cuestionar el estatus migratorio de personas bajo “sospecha razonable”, lo que fue criticado por sus detractores como discriminación por perfil racial.
Y esa fue la primera vez que una política antiinmigrante forzó a Luis a reconfigurar su vida. Su familia se desintegró y él, que para entonces ya tenía tres hijos, terminó a cargo de ellos y de otros dos niños cuyos padres fueron deportados.
“Como papá soltero y la economía tan mala, pues no tenía el dinero para pagar un abogado”, dice para explicar por qué no pudo regularizar su situación migratoria.
La Ley SB 1070 penalizó la contratación de personas sin documentos, así que el trabajo comenzó a escasear. “Yo me fui a las esquinas a buscar chamba y ahí llegaban a hablarnos de esta ley, que nos teníamos que organizar”. En un principio era indiferente a esos llamados, pero pronto lo movilizó el miedo a ser deportado y dejar a sus hijos solos. Así comenzó a asistir a las reuniones informativas de la organización Promise Arizona. “Hablaron de que teníamos derechos y qué podíamos hacer para evitar una deportación o cómo hablar con los oficiales. Eso me empoderó. ‘¿A poco si tenemos derechos?’ Y ya, ese fue el gancho”.
No hubo vuelta atrás, mientras Luis trabajaba como jornalero, promovía lo que aprendía en la organización y comenzaron a pagarle también por eso.
Un par de años después, Luis volvió a California con sus hijos, ahí se encontró con otra comunidad de jornaleros bien organizada. Les entrevistaba para difundir sus historias y se unió a la Red Nacional de Organización de Jornaleros; en la que en 2019 fundó la Radio Jornalera, un proyecto que en pandemia fue clave para informar a los trabajadores esenciales, muchos inmigrantes que hablaban español, sobre las medidas de prevención.
Entonces nació el Compa Ñero: “Compa”, por compañero de lucha, y “Ñero” porque así lo identificaban en la radio por ser originario del DF. “Llegaba a las esquinas con la máscara y se quedaban todos sorprendidos. Yo les decía, ‘¿qué onda, valedores? Soy el Compa Ñero, vengo de la Red Nacional y les traigo información y equipo para la seguridad [cubrebocas, gel antibacterial]. Y entonces ya se acercaban y ya entre cotorreo y cotorreo pues me escuchaban. Ese era el enfoque, a través de la diversión, del chiste, de la guasa, que aprendieran sus derechos”.
Después de 34 años en Estados Unidos, Luis dice que nunca se propuso volver a México, aunque a veces soñaba que una ventana se abría y regresaba.
“Pero había momentos en ese sueño que tenía una gran desesperación por volver y no podía encontrar la ventana. Le decía a una de mis tías, ‘préstame dinero, tía, para irme’. Me decía, ‘no, ¿para qué te vas?’. Y me despertaba angustiado”. Luis no imaginaba que en 2025 esa ventana sería su única alternativa de seguridad.
Ocho cajas y un plan de salida
En el verano de 2025, Luis Valentan y su familia metieron su vida en ocho cajas y dejaron su casa rumbo a México. Fue un retorno voluntario, entre comillas. Nueve meses antes, cuando Trump ganó las elecciones, supieron que vendría una situación complicada. Vivían entonces en Utah, Luis estaba casado con una estadounidense y habían nacido sus dos hijas pequeñas. Por su trabajo con los jornaleros en West Valley, se ganó la enemistad de policías locales que llegaron a reclamarle que estaba haciendo “mucho ruido”.
A inicios de 2025, conforme la tensión política escalaba, incrementaron las redadas y la criminalización a las comunidades latinas. “Era muy abrumador y estresante. Evaluamos cuáles eran nuestras opciones. Ya había checado con otros abogados y siempre lo mismo: para los que entramos así, como lo llaman, ilegalmente, no hay opciones. Aun casado con una estadounidense no era tan fácil”.
Para marzo, cuando el gobierno estadounidense comenzó a mandar a los detenidos por migración al Centro de Confinamiento de Terrorismo en El Salvador, lo tuvieron claro: vendrían a México para protegerse.
“Nos dimos cuenta de que ellos podían mentir sin ninguna consecuencia, arruinar la vida de alguien que era inocente de tal manera que lo destruyen. Y mi esposa tenía todos sus temores. Yo también, hubo un momento en que tomé esa reflexión […]. Aquí me voy a hacer viejo, no voy a tener ningún beneficio, no tengo un retiro porque no he documentado mis ‘taxes’ […]. Mejor me voy a mi país donde ya están dando pensión para adultos, todavía puedo llegar a trabajar y meterme en el sistema del seguro social y tener una pensión mínima”.
Para llevar a cabo su plan, comenzaron a rematar sus pertenencias. Luis rememora con pesar la venta de dos autos, una moto. “Todo lo que construimos con mucho sacrificio, con mucho amor por la familia. Perdimos mucho, la verdad. Perdimos la oportunidad de vivir en nuestra propia casa, que la seguimos teniendo pero ahorita estamos como qué vamos a hacer, la vendemos o qué hacemos”.
Empacaron lo más importante, documentos, la ropa necesaria, el equipo de trabajo de Luis, su cámara, discos duros; algunos juguetes de las niñas y objetos de valor sentimental: fotografías, libros, dibujos, regalos. Todo guardado en ocho cajas.
Solicitaron ayuda en el consulado mexicano en Salt Lake City para el trámite del menaje doméstico, un certificado para importar bienes personales libres de impuestos. Pero “no había manera de que apoyaran, que había muchas esperas, que había mucha gente con citas”, dice Luis. Tuvo que intervenir la diputada federal Maribel Solache, a quien Luis conocía por su activismo, que pudieron iniciar el trámite.
Manejaron desde Utah a Los Ángeles, luego hasta Tijuana, donde finalmente cruzaron a México. Ya habían tramitado la doble ciudadanía de sus hijos, que entraron como mexicanos, y su esposa ingresó como visitante con un permiso de 180 días. En la ciudad fronteriza se quedaron dos días, aprovecharon para ir al módulo de “México te abraza”, la estrategia del gobierno federal para recibir a los connacionales expulsados, y tramitaron algunos otros documentos necesarios, como la credencial del INE, el CURP, antes de volar a la CdMx. Las ocho cajas con sus cosas las enviaron con una empresa de mudanzas por tierra.
Arrepentidos e invisibles
Caso distinto fue el de la familia Saldivar, una pareja de mexicanos indocumentados con dos hijos nacidos en Estados Unidos que en mayo de 2025 ideó su propio plan para regresar desde Illinois, después de meses de angustia ante la posibilidad de ser detenidos, deportados y separados de sus hijos. El padre se quedaría en Chicago, la ciudad donde había vivido por más de 20 años, para continuar trabajando y proveyendo a su familia. Mientras, su esposa y dos niños, de diez y ocho años, viajarían a Zacatecas, donde se quedarían con familiares durante un tiempo, mientras cambiaba el ambiente de persecución racial que incrementaba cada día.
“Mucha gente me dice, ‘tú eres afortunado’ porque yo soy alto y soy blanco, nada más que no me escuchen hablar inglés […]. Están viendo mucho el físico, se están subiendo a los camiones y nada más están viendo quién tiene cara de hispano”, cuenta el padre, a quien llamaremos J. para protegerlo.
J. habla del perfil racial con el que operan los agentes de ICE y así explica lo que valoró para decidir que él podía quedarse allá, pero su familia no. También influyó lo que escuchó de boca de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, quien en enero de 2025 presentó la estrategia “México te abraza”.
Cuando los Saldivar echaron a andar su plan, pidieron apoyo a diversas oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). “Hicimos todas nuestras investigaciones y nos empezamos a dar cuenta que lo que decía la presidenta era una cosa y lo que decía el consulado era otra”, cuenta J. sobre la información confusa que recibía él y otros migrantes.
Preguntaron en el consulado en Chicago cómo podían hacer la mudanza y el costo era impagable. “Nos salía un ojo de la cara”, dice. Así que vendieron todos sus muebles, dejaron de rentar la casa en la que vivían los cuatro y J. se mudó a un pequeño cuarto. “Ahorita vivo… estoy durmiendo en un colchón en el piso”.
En La Mañanera, J. escuchó que existía una línea telefónica donde las familias que buscaban regresar “voluntariamente” podía obtener más información, llamó al Centro de Información y Asistencia a Mexicanos de la SRE, y ahí le indicaron que su esposa e hijos encontrarían un módulo en el aeropuerto de Zacatecas.
“Cuando llegó a Zacatecas, ¡sorpresa! En el aeropuerto no había ni un módulo de atención”. Luego preguntó dónde podían encontrarlo y le recomendaron ir a la Secretaría del Bienestar, involucrada en la estrategia. Pero ahí tampoco encontró un centro de ayuda y la terminaron enviando al Instituto Nacional de Migración (INM). “Y así estaba como pelotita […]. Yo me informé y fallé, me equivoqué, o me dieron información no buena, ¿qué va a hacer otra gente?”, lamenta.
“‘México te abraza’ fue mucho más esperanzador para las personas, porque fue mucho más visible dado la existencia de las Mañaneras”, considera Esmeralda Flores Marcial, co-directora de Otros Dreams en Acción (ODA), una organización de migrantes retornados que opera desde 2017. Aunque confiesa que debieron haber consultado a las organizaciones con experiencia para esta estrategia, pues concentran los apoyos en los puntos fronterizos casi exclusivamente en personas deportadas, sin contemplar a las retornadas ya ubicadas en otros estados.
“Y no hay datos de los retornos voluntarios. Están regresando por temor a la deportación pero, ¿quién los contabiliza, si no pasan por un puerto de entrada? Si no tienes datos, si no tienes un diagnóstico, ¿cómo generar políticas públicas, si no sabes la dimensión del problema?”, plantea Norma Mendieta, directora del Centro de Atención a la Familia Migrante Indígena.
Las organizaciones documentan que para ser beneficiario de los programas ofrecidos en “México te abraza”, solicitan la carta de repatriación que el INM expide cuando recibe a los connacionales. Pero no todos los que retornan pasan por estos procesos.
La familia Saldivar no la recibió en el aeropuerto de Zacatecas; tampoco los Valentan, aunque sí estuvieron en el módulo de Tijuana. A Luis le dijeron que el sistema estaba caído, pero sí le otorgaron la tarjeta con 2 mil pesos para traslados y pudieron realizar los trámites de los documentos de identidad.
Fue a partir de julio de 2025, que el gobierno federal anunció un cambio en el trámite del menaje doméstico, con la intención de simplificarlo y hacerlo gratuito para las familias que desearan retornar “voluntariamente” con sus pertenencias. Por primera vez, la solicitud podría realizarse de manera digital y sería gratuito.
El promedio histórico de certificados de menaje doméstico era de mil al año, tres al día, según dijo en conferencia el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Peña Merino. Pero durante el primer semestre de 2025 y antes de la simplificación del trámite, hubo 819 solicitudes, un promedio de nueve al día. Este dato es relevante porque esta información pública permite estimar si más familias migrantes en Estados Unidos, que buscan volver con pertenencias, estaban preparándose para retornar “voluntariamente” a México.
Para noviembre los niños de la familia Saldivar habían logrado entrar a una escuela mexicana, pero la esposa continuaba sin conseguir un empleo; J. les envía dinero desde Chicago y describe que pasa sus días como “en la época de los alemanes, de los nazis”, se mantiene escondido, sólo sale a la calle para trabajar. “Quisiera regresar pero viendo la situación en México, donde no hay oportunidades, sigue lo de los cobros de piso. Mejor me escondo debajo del colchón y esperemos que esto baje o no sé”.
De vuelta a México, 34 años después
“Muchos me dicen que por qué me vine y yo digo que por miedo no fue. Más que nada fue el cansancio de ver, a través de los años que he estado allá, que nuestra gente vive entre el odio de los republicanos y la lástima de los demócratas. Y el cansancio es [por] ver cómo siguen utilizando a nuestra comunidad como chivos expiatorios”, dijo Luis Valentan durante su participación en un foro legislativo “para la agenda del retorno migrante” en el Congreso de la Unión, en diciembre de 2025, al que fue invitado por la diputada Solache, de Morena, para aportar su testimonio.
Desde que Luis volvió a México, a pesar de no tener mucha claridad de qué iba a suceder, su personalidad lo ha empujado a continuar con su activismo. Ha pasado ya medio año en la capital del país, reconociendo su territorio, su cultura, escuchando de lejos lo que sucede en Estados Unidos; acá participa en protestas, como la del 30 de enero frente a la embajada, y recibe a retornados forzados o autodeportados, familias que como la suya están viniendo para salvaguardarse. Los guía para realizar los trámites y obtener sus documentos de identidad, conseguir los apoyos gubernamentales, inscribir a los niños en las escuelas, en la búsqueda de oportunidades laborales, lo que van necesitando.
Su experiencia de retorno puede que no haya sido la peor, tampoco la más agradable, pero le está dando un valor positivo. “Sistematizar esta experiencia sirvió porque ahora nosotros ya podemos decirle a la gente: ‘esto es bien importante cuando los reciban o los lleven a la garita o cuando los lleven al albergue’”, dice Luis.
El mismo trabajo lo están realizando organizaciones como ODA y Comunidad en Retorno, que crearon la llamada Tarjeta Verde, inspiradas en la Tarjeta Roja del Centro de Recursos Legales. Mientras la roja invoca los derechos de las personas inmigrantes en la Unión Americana, la verde expone las acciones que tienen que hacer los retornados forzados para exigir sus derechos en México.
Para Luis, que lo vive en carne propia, el camino de retorno es uno todavía por explorar. “El retorno viene acompañado de un costal de muchas cosas. La readaptación obvio también cuesta, no sólo para mí que estuve fuera de mi país por 35 años, también para mi familia que no son de aquí”. Esa incertidumbre sobre el futuro y la posibilidad de que los suyos no logren echar raíces en México es una batalla emocional que libra a diario.
Al final, su historia –y la de tantos otros– confirma que el retorno no es un evento puntual, sino un proceso inacabado que exige no sólo resiliencia individual, sino una comunidad y un Estado capaz de transformar la bienvenida en una verdadera integración.
GSC