El Gobierno de España aprobó hoy, tras su Consejo de Ministros, el Plan de Acción por la Democracia que, entre otras medidas, pretende ayudar a acabar con los bulos, garantizar la transparencia, la independencia y el pluralismo de los medios de comunicación.
El plan fue anunciado adelantado previamente en verano por el presidente Pedro Sánchez y otro objetivo es impulsar una normativa para limitar la publicidad institucional. El Gobierno encargará a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Competencia (CNMC) la creación de un registro de medios de comunicación en el que se disponga de la información pública sobre su propiedad y la inversión publicitaria que reciben.
Sánchez lo anticipó luego de que su esposa, Begoña Gómez, fuera denunciada ante un juez por el pseudosindicato de ultraderecha Manos Limpias por un presunto delito de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios, que basó sus informaciones en recortes de periódicos digitales, uno de ellos falso.
El plan cuenta con 31 medidas que el Gobierno tiene previsto implementar en los próximos 3 años para “dotar de mayor transparencia a los medios de comunicación en el marco de lo que ya establece la Unión Europea”.
Presenta también una modificación de los derechos al honor y la rectificación. Todo esto forma parte del debate que quiere plantear sobre el papel de algunos pseudomedios y la difusión de bulos o fake news y que a partidos como Vox e incluso el conservador Partido Popular (PP) sirven para alimentar sus campañas contra el Ejecutivo.
De esta manera, el Gobierno en su plan pondrá un tope a la financiación con fondos públicos de los medios de comunicación digitales que a su juicio “no tienen lectores”, y a los que el presidente llama “pseudomedios”.
El plan lo que hace es trasponer a la legislación española lo que exige el reglamento de la Unión Europea de medios de comunicación aprobado hace unos meses, con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, también el PP, y con la excepción de la ultraderecha, en la Eurocámara.
En que dicho reglamento se plantea que los ciudadanos deben conocer las fuentes de financiación de los medios de comunicación, el nombre de sus accionistas y las cifras de audiencia de forma honesta, para evitar fraudes en la inversión publicitaria por parte de gobiernos de nuestra democracia, mediante el uso, por ejemplo, de bots o de clickbaits y también la injerencia de actores extranjeros.
Además, el Gobierno defiende la necesidad de “limitar la financiación de las administraciones públicas para que no haya medios de comunicación que tengan más financiadores públicos que electores y asegurar que no haya partidos políticos que compren líneas editoriales con el dinero de todos los contribuyentes”.
El presidente acerca del Plan de Acción por la Democracia:
Asimismo, con el plan quiere “reforzar los derechos al honor y a la rectificación de la ciudadanía". “Los medios tienen que ser libres, poder desarrollar su propia línea editorial y, a su vez, los ciudadanos tienen que poder defenderse si se vierten sobre ellos calumnias o acusaciones infundadas” para lo cual se propondrá “una nueva reforma de la Ley Mordaza”.
Desde el PP, el principal partido de oposición, reiteraron en un comunicado que no apoyará ningún planteamiento que busque “controlar a los medios de comunicación” y subrayó que “resulta llamativo” que el Gobierno impulse su plan de regeneración democrática coincidiendo con la investigación judicial a la esposa de Sánchez, Begoña Gómez.
“Resulta llamativo que Sánchez impulse su propuesta precisamente tras la investigación judicial contra su esposa, y cuando los casos de corrupción salpican directamente a parte de su Gobierno y su partido”, indicó el PP. “La cortina de humo con la que pretendía distraer a la opinión pública quiere ahora convertirla en ley”, agregó.
Asimismo, la formación afirmó que Pedro Sánchez “ya controla con dirigentes de obediencia debida la Agencia EFE y (Radio y Televisión Española (RTVE), además de buena parte de las instituciones del Estado”.
SNGZ