El gobierno de España aprobó en su Consejo de Ministros un plan para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia católica que hayan prescrito, tal y como le pidió el Defensor del Pueblo, que calculó que l.13% de la población de este país ha sufrido abusos en ámbitos relacionados con dicha Iglesia.
Así lo dio a conocer el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien explicó que el Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez seguirá la recomendación del informe del Defensor del Pueblo, que señala que alrededor de 450 mil personas fueron agredidas sexualmente en ámbitos católicos.
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El “Plan de Repuesta e Implementación del Informe del Defensor del pueblo sobre Abusos Sexuales en el Ámbito de la Iglesia Católica y el Poder de los Poderes Públicos” contempla cinco líneas de actuación: reconocer y reparar; atender a las víctimas; prevenir; formar y sensibilizar; e informar e investigar.
Su principal objetivo es reparar a las víctimas de abusos cometidos en el seno de la Iglesia católica que “durante décadas han sido olvidadas y orilladas” y a las que “nadie prestó atención”.
Según el ministro, el Ejecutivo ha iniciado ya conversaciones con la Conferencia Episcopal Española (CEE) para que asumir la indemnizaciones a las víctimas. “Creo que nadie entendería que la iglesia no actuara como lo han hecho otros países de nuestro entorno”, dijo.
El texto recoge también la creación de una comisión integrada por los ministerios implicados en la ejecución de las medidas y buscará la participación de las víctimas y sus asociaciones. Además, se reforzará el marco jurídico para que los delitos de agresión y abusos sexuales a menores no estén limitados a un momento concreto y que la responsabilidad civil no prescriba.
Explicó que se impulsará el uso de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delitos (OAVD) para acoger a estas personas, se formará a los equipos de estas unidades para atender a las víctimas de abusos en la Iglesia y se elaborará un estudio sobre prevalencia de la violencia hacia la infancia y la adolescencia en España, impulsado por el Ministerio de la Juventud e Infancia.
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Asimismo, el Ejecutivo tiene previsto organizar un acto público con las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica y con sus familiares. “Supondrá una reparación simbólica de nuestra democracia a estas personas que han sufrido los abusos”, indicó el ministro.
El Defensor del Pueblo propuso en su informe la creación de un fondo estatal para el pago de compensaciones a favor de las víctimas y que un órgano administrativo especial sea el que instaurare un procedimiento de reconocimiento y reparación de las víctimas de agresión o abuso sexual infantil en el ámbito de la Iglesia católica.
Entre estas recomendaciones también se encuentran la de celebrar un acto público de reconocimiento y reparación simbólica a las víctimas por el prolongado período de tiempo de desatención y de inactividad, en particular entre 1970 y 2020 o la creación de un fondo estatal para el pago de compensaciones a favor de las víctimas.
El titular del organismo, Ángel Gabilondo, todavía tiene pendiente presentar el plan ante el Parlamento y, aunque acude este viernes a dar cuenta de su actividad en los años 2022 y 2023, en principio no tiene previsto presentar aún en detalle este informe ante la Comisión Mixta Congreso-Senado de Relaciones con el Defensor del Pueblo, aunque también es probable que los parlamentarios requieran su opinión sobre las medidas del Ejecutivo.
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Respecto a la Iglesia, los obispos avanzaron en noviembre que estaban preparando un plan que contempla indemnizaciones a las víctimas de abusos tanto si media sentencia judicial como si no hay por determinadas circunstancias como que el victimario haya fallecido.
Sin embargo, en cuanto a la colaboración con el plan de indemnizaciones del gobierno, los prelados españoles señalaron que su colaboración estaba condicionada a que el plan afectara a toda víctima de pederastia y no solo a las de la Iglesia.
De momento, el plan no incluye un baremo de cantidades ni tampoco los procesos que tendrán que seguir las víctimas.
GGA