Desde esta noche España empieza a aplicar el plan de ahorro energético anunciado en días pasados por el gobierno socialista de Pedro Sánchez, así se comprometió a hacerlo el presidente ante la Unión Europea para ahorrar gas, mismo que -dijo- en cualquier momento Rusia puede cortar.
Además del apagón de los escaparates, los espacios deberán tener una temperatura no superior a 27º (25 en hostelería) en verano y 19º en invierno, deberán tener un sistema de cierre automático para evitar que se pierda la climatización adecuada y se deberá indicar la temperatura en un termómetro visible de cara al público.
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Así figura en el primer paquete de medidas de ahorro y eficiencia energética aprobado por el gobierno para reducir rápidamente el consumo de energía con el objetivo de cumplir con los compromisos europeos derivados del conflicto en Ucrania. En el caso de todas estas iniciativas tendrán una vigencia hasta el 1 de noviembre de 2023.
Centros sanitarios y hospitalarios, de formación (colegios, universidades o guarderías), peluquerías, lavanderías, gimnasios y los medios de transporte en sí (trenes, aviones, aeropuertos, barcos...) quedarán excluidos de la obligatoriedad de limitar la temperatura, para no bajar de los 27 grados en verano ni superar los 19 grados en invierno.
También quedan exentos aquellos centros donde sean necesarias exenciones por las especificidades del sector, así como en el caso de hoteles, las habitaciones, que son de regulación privada. En el resto del hotel (por ejemplo, restaurantes, cafetería, espacios comunes) sí se aplicaría.
De esta manera, los límites de temperatura establecidos se aplicarán al interior de los establecimientos habitables que estén acondicionados, situados en los edificios y locales destinados a uso administrativo (incluyendo plantas o zonas de oficinas, vestíbulos generales y zonas de uso público), comercial (tiendas, supermercados, grandes almacenes, centros comerciales y similares) y cultural (teatros, cines, auditorios, centros de congresos, salas de exposiciones y similares), así como en establecimientos de espectáculos públicos y actividades recreativas, restauración (bares, restaurantes y cafeterías) y transporte de personas (estaciones y aeropuertos).
El plan articulado por el Ejecutivo no tardó en ser cuestionado por los principales gobiernos autonómicos. La Comunidad de Madrid fue la primera en decir que no cumplirían con las medidas. Isabel Díaz Ayuso aseguró que su región no acataría el Real decreto y no obligaría a sus comerciantes y empresarios a apagar las luces a las diez de la noche. Sin embargo, la Constitución es clara en esta cuestión y todas las Comunidades Autónomas deberán velar porque se cumplan las restricciones, salvo que la Justicia diga lo contrario.
Cada comunidad autónoma será la responsable para que se lleve a cabo la aplicación de este plan de ahorro energético.
Los espacios comerciales, edificios públicos, espacios culturales y hoteles que incumplan el plan de ahorro y eficiencia energética aprobado por el Gobierno afrontarán multas de hasta 60 mil euros por infracciones leves, de hasta seis millones de euros por las graves y de hasta 100 millones de euros por las muy graves.
Mientras los gobiernos regionales se enfrentan a Bruselas, el precio de la electricidad no parece encontrar techo. A pesar del tope del gas, que ya lleva dos meses en vigencia, el precio del megavatio a la hora sigue por encima de los 250 euros, contabilizando la compensación a los ciclos combinados.
Con todo el precio de la luz subirá ligeramente este miércoles -un 0,38%-, hasta los 273,9 euros el megavatio hora (MWh) el día de entrada en vigor de las medidas del nuevo plan energético impulsado por el Gobierno.
LCR