La convocatoria de elecciones en España para el 29 de noviembre dejó en el aire el voto de miles de descendientes de españoles que recuperaron la nacionalidad tras la aprobación, en 2022, de la Ley de Memoria Democrática, también bautizada como “ley de nietos”.
Esta norma buscaba permitir a los descendientes de personas que abandonaron el país tras la llegada al poder del general Francisco Franco en 1939 reclamar la nacionalidad de sus antepasados y ser inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), lo que les permitiría votar en los próximos comicios.
La medida fue suspendida por el Tribunal Supremo, el máximo órgano jurisdiccional español, tras dos recursos de formaciones de derechas, entre las que se encuentra Vox.
A dos meses de la celebración de los comicios, el voto de miles de personas está todavía en cuestión.
Partidos de derecha piden suspensión de derecho al voto
El martes 6 de octubre, el Alto Tribunal emitió una providencia en la que daba 48 horas a las partes para fundamentar sus alegaciones. Por un lado, los partidos derechistas que piden que se suspenda el derecho a voto recogido en la norma y, por otro, la Abogacía del Estado, la Fiscalía y la Junta Central Electoral, que se han opuesto a la suspensión.
La ley aprobada en 2022 buscaba restituir los derechos de las personas que huyeron de España tras el golpe de Estado de 1936 y la instauración de la dictadura en 1939. Muchos de ellos se establecieron en México, que recibió a miles de exiliados durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas.
Ahora, ocho décadas después, el gobierno de Sánchez quiso devolver la nacionalidad a hijos y nietos del exilio.
Una directiva del Ministerio de Justicia amplió todavía más la interpretación y estableció que aquellos cuyos familiares marcharon de España entre el 18 de julio de 1936 (fecha del inicio del levantamiento fascista y la guerra civil) y el 31 de diciembre de 1955 podían considerarse como exiliados, aun sin presentar un solo documento que así lo comprobase. Solo debían probar que sus familiares habían salido de España.
Para los años posteriores, sí se exigían pruebas documentales de que la marcha tuvo que ver con persecución política.
El plazo para presentar la documentación concluyó en 2025, después de un año de prórroga decretado por el gobierno. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, entre el 1 de octubre de 2022, cuando se aprobó la ley, y mayo de 2026, se anotaron algo más de 375 mil altas en el registro de voto en el extranjero, de las que unas 60 mil corresponderían a México.
Esto no implica que el incremento esté derivado directamente de la aprobación de la ley, ya que la estadística no diferencia entre las personas que se inscribieron para votar.
Regularización de descendientes, "fraude electoral"
Tras la aprobación de la ley llegaron los recursos, que estuvieron a manos de Vox (partido de extrema derecha que aspira a llegar al gobierno con el conservador PP) e Iustitia Europa, un grupúsculo desconocido pero con ideología también de derechas.
Entre sus argumentos estaba que la regularización de los descendientes podría ser un “fraude electoral” que aprovecharía el gobierno de Sánchez para incrementar sus apoyos.
Los recursos fueron admitidos por el Tribunal Supremo, que suspendió el derecho al sufragio de las personas nacionalizadas por la vía de esta norma. Esto no es generalizado. Aquellas personas que acreditaron de forma individual que su familiar fue exiliado por el franquismo mantienen su inscripción y podrán votar en noviembre; mientras que los que se acogieron a la regularización amplia promovida por Justicia no podrían acudir a las urnas.
Solo una de las magistradas mostró su discrepancia con sus compañeros. La magistrada María Alicia Millán Herrandis, del ala progresista del tribunal, advirtió en su voto particular que suspender el derecho a acudir a las urnas podía limitar de forma irremediable derechos fundamentales de personas que habían sido reconocidas como españolas de pleno derecho.
En realidad, el Tribunal Supremo quedó a contrapié cuando Sánchez convocó elecciones. En principio, estaba previsto que pudiese entrar al fondo de la cuestión del voto en los próximos meses, antes de la próxima cita con las urnas.
Batalla legal hasta el final
Las protestas derivadas de la crisis de la vivienda llevaron al presidente español a adelantar las elecciones, por lo que el debate se aceleró.
El martes, el Tribunal Supremo emitió dos providencias que obligan a las partes a posicionarse en 48 horas. Por el momento, solo los partidos ultraderechistas están siendo reconocidos en el proceso, mientras que están fuera formaciones de izquierda que se han mostrado contrarias a la suspensión u organizaciones de memoria histórica. Sobre cómo incluir a los afectados, directores tendrán que posicionarse y luego decidir el tribunal.
A día de hoy, el voto de los nacionalizados por la ley de Memoria Democrática sigue en el aire. Las elecciones son en dos meses y el tribunal apenas tiene tiempo para entrar al fondo. Además, todavía habría margen para recurrir ante el Tribunal Constitucional, por lo que la batalla legal llegará hasta el último momento.
ksh