Mañana se cumplirá el primer año del histórico hecho en que una turba con miles de seguidores del entonces mandatario Donald Trump irrumpió de manera violenta en el Capitolio de los Estados Unidos con el objetivo de detener la certificación de la elección presidencial que el 3 de noviembre del 2020 dio como ganador al entonces candidato demócrata, Joe Biden.
En los 12 meses transcurridos, a través investigaciones periodísticas, judiciales y, sobre todo, las pesquisas realizadas por el Comité Selecto del 6 de enero, ha quedado debidamente probado que Trump, junto con a una corte de cercanos colaboradores, violentó las leyes y la Constitución de los Estados Unidos bajo el reclamo, nunca probado, de que le habían robado la elección.
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Hasta el momento, 725 de los alborotadores han sido acusados por los fiscales del Distrito de Columbia, en Washington, y de su participación en el intento de insurrección se han desprendido cargos que van de la agresión y resistencia al arresto a utilizar un arma mortal o peligrosa contra agentes de la policía.
Los registros cuentan que setenta de los detenidos han recibido alguna sentencia, 31 fueron encarceladas, siendo la pena máxima de 5 años, 18 recibieron el beneficio del arresto domiciliario y a 21 les dieron la libertad condicional. La oficina del fiscal informó la última semana del año anterior que 165 personas se han declarado culpables de algunos de esos cargos que van de delitos menores hasta obstrucción por delitos graves.
Meses antes de la cita en las urnas, Trump comenzó a manifestar dudas sobre "la integridad del sistema electoral" (el mismo que le dio el triunfo en 2016), y repetir que la única forma en que podían derrotarlo era “a través de un fraude”. Tras confirmarse su derrota el 7 de noviembre del 2020, el expresidente y su grupo exploraron las vías para mantenerse en el poder.
El republicano lo intentó usando al Departamento de Justicia en su agenda personal al ordenar al entonces fiscal general, Willam Barr, investigar sus sospechas de fraude así que los poderes hacia los fiscales federales, sobre todo en los seis estados conocidos como “columpio”, se ampliaron.
La conclusión fue la misma en todos los casos: la elección había sido segura y las sospechas de que países como China o Venezuela habían intervenido las máquinas de votación eran falsas. Luego de la renuncia de Barr tras recibir críticas de Trump en los medios, el ex presidente intentó con el suplente Jeffrey Rosen, al que pidió comunicar que "las elecciones habían sido corruptas" sugiriendo que legisladores afines "se encargarían del resto". El interino igualmente se negó.
Para mediados de diciembre, "La Gran Mentira", como la bautizó la representante republicana Liz Cheney, ya era el motor de un andamiaje manipulador orquestado por el círculo de incondicionales del presidente que miraban la jornada del 6 de enero como su última posibilidad.
Desde las calles, orquestaba el esfuerzo un amplio frente ciudadano con miles de seguidores de Trump agrupados en las redes de apoyo de MAGA (Make American Great Again), y en organizaciones radicales, supremacistas blancas y paramilitares como The Proud Boys, The Outh Keepers, The 3 % o QAnon, por mencionar las más relevantes, y cuya labor, además de propagar el bulo del fraude, era reclutar a los soldados que participarían en los mítines previos y el del acto final que era el asalto al Congreso.
En el primer círculo de Trump se hallaba el abogado Jeffrey Clarck, diseñando estrategias legaloides para que el vicepresidente Mike Pence anulara el proceso y reinstalara a Trump; el empresario Mike Lindell invirtiendo grandes sumas en alimentar la falsa teoría; el millonario Patrick Byrne financiando los mítines “Stop the steal”, el jefe de gabinete de Trump, Mark Meadows, coordinando los deseos del presidente con quienes se hallaban dispuestos a morirse en el intento como el exconsejero de la presidencia transformado en teórico de la conspiración, Steve Bannon, su abogada Sidney Powell, y el que entonces era el litigante personal del presidente, Rudolph Guiliani por mencionar los más conspicuos.
Se sumaron igualmente los conductores del canal Fox News, Laura Ingraham, Sean Hannity, Brian Kilmeade y Tucker Carlson, o de medios alternativos como el teórico de la conspiración Alex Jones. Pero incluso el apoyo a los planes de Trump de permanecer en el poder, se afiló desde el mismo Congreso de los Estados Unidos con los representantes republicanos Mo Brooks, Paul Gosar, Madison Cawthorn, Jim Jordan, Marjorie Taylor Greene, Jim Jordan, Scott Perry, Louie Gohmert y algunos senadores como el texano Ted Cruz, los cuales sabían parte de lo que ocurriría por lo que se hallaban dispuestos a retar los resultados de sus respectivos estados.
Voces que reclaman el ex presidente sea juzgado por pretender dar un golpe de estado, señalan el camino legal para tal efecto. De entrada, el código penal de los Estados Unidos prohíbe incitar a una insurrección, pero también prohíbe conspirar con el objetivo de “prevenir, obstaculizar o retrasar la ejecución de cualquier ley de los Estados Unidos”. En las mismas leyes es delito impedir de manera corrupta cualquier procedimiento oficial o privar a los ciudadanos de su derecho al voto.
Sin embargo, hasta el momento ninguno de los liderazgos que llevaron a esas personas hasta ahí, han sido llamados siquiera a testificar. Y esto a pesar de que los investigadores no han tenido que salir a buscar las pruebas de que Donald Trump fue quien generó la ficción, organizó e invitó al mitin del 6 de enero, ("¡va a estar salvaje!", escribió en Twitter a finales de diciembre del 2020) y ya con sus miles de seguidores en Washington, dio un discurso en la Ellipse, cerca de la Casa Blanca, donde ordenó a la turba “marchar al Congreso”, y pelear “como el infierno”, pues de no hacerlo “no volverían a tener a su país otra vez”. Sus seguidores le hicieron caso y los resultados están a la vista.
"No hay duda de que Trump convocó a la mafia, reunió a la mafia e incendió la llama de este ataque", ha dicho en repetidas ocasiones Cheney.
Y pese a tal comportamiento, a la misma Cheney, vocera del Selecto Comité bipartidista del 6 de enero, apenas le alcanzó el fin de semana anterior a esbozar que cuenta con las pruebas para demostrar que Trump estuvo sin inmutarse 187 minutos viendo por tv la insurrección, en la que murió un oficial ese día y otros cuatro en las horas posteriores, y que esa acción (o inacción) le podría generar un cargo criminal por “negligencia en el cumplimiento de su deber”.
Resta ver si el fiscal general Merrick Garland, quien dará una conferencia sobre el 6 de enero este miércoles 5, anuncia o da pasos firmes al respecto.