La organización conservadora Center for American Liberty pidió a la Corte Suprema de California bloquear el plan de darle dinero a los migrantes que viven en el estado sin autorización y que se han visto afectados por el nuevo coronavirus.
El grupo alegó en nombre de dos candidatos legislativos republicanos que el plan de 75 millones de dólares que el gobernador del estado Gavin Newsom anunció la semana pasada está prohibido por la ley estatal y federal.
Newsom ofreció 500 dólares para cada uno de los 150 mil adultos desempleados que quedaron fuera del paquete de estímulos aprobado por el Congreso debido a su situación migratoria. El dinero será distribuido a través de grupos sin fines de lucro, con el fin de proteger a los destinatarios de proporcionar información personal que podría costarles otras prestaciones o aumentar el riesgo de que sean deportados.
La impugnación argumenta que el plan de distribución queda excluido por la prohibición de la Constitución estatal sobre dar regalos a las organizaciones fuera del control exclusivo del estado. Esta petición fue presentada el miércoles por la abogada Harmeet Dhillon, funcionaria del Partido Republicano que fundó la organización sin fines de lucro el año pasado con el objetivo de proteger las libertades civiles.
Señaló que es inquietante que el dinero sería distribuido por organizaciones desconocidas que no tienen responsabilidad alguna ante los contribuyentes. La solicitud señala como imputados al gobernador demócrata y al director financiero del estado, Keely Bosler. Ninguno respondió a peticiones en busca de comentarios.
Uno de los dos demandantes es Ricardo Benitez, un republicano que compite con la asambleísta demócrata Luz Rivas de North Hollywood por el Distrito 39 de la Asamblea. Benitez nació en El Salvador y llegó a Estados Unidos de manera ilegal en 1975 cuando era menor de edad, de acuerdo con la querella. Adquirió la nacionalidad estadounidense en 1986. La otra es Jessica Martínez, integrante del Concejo Municipal de Whittier y quien se postuló para representar al Distrito 57 de la Asamblea, que está vacante tras la salida del demócrata Ian Calderón.
El mes pasado, los legisladores de California dieron a Newsom un amplio poder para gastar hasta mil millones de dólares en medidas para combatir el coronavirus, antes de que se suspendieran las sesiones a causa de la pandemia. Desde entonces, los legisladores de ambos partidos han culpado al gobierno estatal de no proporcionar suficientes detalles sobre el gasto.
Newsom dijo la semana pasada que 10 por ciento de la mano de obra del estado son migrantes que viven en el país sin autorización y que éstos pagaron más de 2 mil 500 millones de dólares en impuestos locales y estatales el año pasado.
dmr