En los últimos dos años, el gobierno de Estados Unidos amplió su presencia militar en cinco países de Latinoamérica, incluido México, la mayoría de estas veces en una situación de crisis social y en otras bajo un plan de capacitación de fuerzas regionales.
Los casos más recientes son México y Argentina, prácticamente el norte y sur de la región, aunque también destaca su colaboración en materia militar con los gobiernos de Ecuador, Perú y Haití.
En el caso de México, las tareas iniciaron a principios de este abril cuando el Senado permitió el ingreso de 11 militares estadunidenses que participarían en ejercicios de adiestramiento con soldados mexicanos por al menos dos meses.
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Las tareas serían realizadas en Santa Gertrudis, Chihuahua, una localidad en la que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ya ha practicado "escenarios de invasión" en presencia del titular de la dependencia, Luis Cresencio Sandoval.
Durante casi las mismas fechas, presidente de Argentina, Javier Milei, anunció la instalación de una base militar de los Estados Unidos en la localidad Ushuaia, de la provincia sureña argentina de Tierra del Fuego acompañado de la jefa del Comando Sur, la general Laura Richardson.
En entrevista con el canal web Neura, Milei argumentó que esta cooperación con el ejercito de Estados Unidos es una estrategia de su gobierno para recuperar las islas Malvinas que permanecen bajo dominio británico.
También informó la compra de 24 aviones F16 y reiteró su compromiso en materia de política exterior con Estados Unidos.
“Lo del otro día fue el mayor acto de soberanía de los últimos 40 años porque, al hacer una base militar en Ushuaia, nos avala el reclamo sobre la Antártida. Es el primer paso para empezar a pensar en la recuperación de Malvinas”, dijo Milei.
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Países acordaron cooperación en contexto de protestas y violencia
Con excepción de México y Argentina, el gobierno estadunidense ingresó tanto a Ecuador, Perú y Haití bajo un contexto de inestabilidad social ya sea por la violencia causada tanto por grupos de narcotráfico como por protestas antigubernamentales.
En el caso de Perú, la presidenta Dina Boluarte enfrentó al menos seis meses de fuertes protestas antigubernamentales por la destitución y detención del ex mandatario Pedro Castillo y que terminaron con alrededor de 60 personas muertas en el contexto de las manifestaciones.
Desde finales de 2022 hasta mediados de 2023, miles de manifestantes, en su mayoría campesinos del sur de Perú pedían la destitución de Dina Boluarte y los legisladores del Congreso, la liberación de Pedro Castillo y el llamado a elecciones generales.
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Fue hasta finales de mayo de 2023 que el diario oficial de Perú, El Peruano, informó la autorización del ingreso de tropas estadunidenses que realizarían "actividades de cooperación de entrenamiento" con prácticamente todas las fuerzas del orden peruanas desde el primero de junio hasta el 31 de diciembre de ese año.
"Se precisa que se efectuarán actividades de operaciones especiales con el Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales Conjunta (CIOEC).
"Además, con las Fuerzas Especiales Conjunta (FEC), las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE) de la Marina de Guerra, el Grupo de Fuerzas Especiales (GRUFE) de la Fuerza Aérea del Perú, la Dirección Antidrogas (DIRANDRO) o la Dirección de Fuerzas Especiales (DIROES) de la Policía Nacional del Perú", publicó.
Los entrenamientos se efectuaron en Lima, Callao, Loreto, San Martín, Santa Lucía, Huánuco, Ucayali, Pasco, Junín, Huancavelica, Cusco, Ayacucho, Iquitos, Pucusana y Apurímac, todas regiones al sur del país donde se desataron las principales protestas contra Dina Boluarte.
El gobierno peruano permitió el ingreso con armas de guerra y la llegada de medios aéreos, medios náuticos y personal militar de los Estados Unidos.
Apoyo al estado de excepción de Daniel Noboa en Ecuador
En el caso de Ecuador, el gobierno estadunidense también envió a la general Laura Richardson, y otros altos cargos antinarcóticos para abordar los "niveles atroces de violencia y terrorismo" que sufría Ecuador tras la fuga de José Adolfo Macías Salazar, El Fito, informó el vocero del Departamento de Estado Matthew Miller a principios de enero de este año.
Ecuador vivió una explícita jornada de violencia en las ciudades de Quito y Guayaquil después de que el narcotraficante más buscado de este país se fugara de una prisión de máxima seguridad al poco tiempo del inicio de la administración de Daniel Noboa.
El gobierno de Ecuador instauró un estado de excepción que fue respondido por varios atentados por parte de grupos de narcotráfico como Los Choneros y Los Lobos, entre otros. Destaca particularmente el asalto a una televisora en la que los criminales sometieron a los presentadores de un noticiero.
Un comunicado del Departamento de Estado sobre "violencia narcocriminal en Ecuador" precisó que el gobierno estadunidense trabajaría "con el presidente Noboa para profundizar nuestra cooperación en materia de aplicación de la ley a través de programas de asistencia en seguridad".
Operación militar para evacuar diplomáticos de Haití
Finalmente, En Haití, la violencia criminal surgida por el poder de las pandillas que prácticamente dominan la ciudad de Puerto Príncipe y orillaron al primer ministro, Ariel Henry, a abandonar el país en marzo de este año terminó con otro envío de militares estadunidenses.
El 10 de marzo de este año, el ejército estadounidense anunció el envío de soldados para reforzar la seguridad de su embajada en Haití. Esta misión también fue apoyada por el gobierno canadiense que llevó otro pelotón acompañado de equipo táctico.
Aunque a principios de marzo el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que el despliegue de tropas no es una opción para solucionar la crisis de seguridad en Haití, la jefa del Comando Sur, la general Laura Richardson, dijo estar lista para el despliegue de militares.
aag