Senadores demócratas lanzaron el proceso de negociaciones en el Congreso en busca de aprobar un plan presupuestario enfocado en gastos sociales por 3.5 billones de dólares, al que califican como el "más relevante" desde la década de 1930.
Este plan, que proyecta el gasto a 10 años, es parte de la agenda del presidente Joe Biden, que incluye también un programa de infraestructura por 1.2 billones de dólares. Gracias a un inusual apoyo de los senadores republicanos, además de los demócratas, se espera que el texto se apruebe fácilmente en el Senado en una votación prevista para el martes a las 11:00 horas locales.
El plan de infraestructuras se enfrentará entonces a una votación en la Cámara de Representantes, donde su futuro es más incierto debido al tira y afloja dentro de la mayoría demócrata entre el ala izquierda y los centristas El volumen de dinero de esta iniciativa social casi iguala al PIB de Alemania en 2020.
Se trata de "la más relevante legislación para los trabajadores, los ancianos, los niños, los enfermos desde el New Deal de Franklin Delano Roosevelt en los años 1930", dijo el senador independiente Bernie Sanders, presidente del Comité de Presupuesto.
"También colocará a Estados Unidos en una posición de liderazgo mundial para combatir el cambio climático", afirmó.
El plan incluye fondos para el clima, nuevas inversiones en infraestructura con elementos que quedaron fuera del paquete específico del Senado en esa área, estatus de residencia para millones de migrantes, y fondos para sostener dos años de matrículas pagadas en universidades públicas. Los senadores tienen hasta el 15 de setiembre para proponer enmiendas al proyecto.
La mayoría demócrata en el Congreso planea aprobarlo a través del mecanismo conocido como "reconciliación", que le permitiría darle luz verde por mayoría simple en el Senado, sin necesitar componer una mayoría especial con votos de republicanos que se oponen firmemente a la iniciativa.
El Congreso debe aprobar las leyes sobre gastos antes del 30 de setiembre para evitar una paralización del gobierno federal, o extender el presupuesto del actual año fiscal al nuevo que comienza en octubre mientras continua el debate. Se esperan arduas negociaciones sobre el texto final hasta mediados de setiembre.
Algo crucial: la iniciativa no incluye un aumento del tope de la deuda federal. Eso podría generar otra batalla en el Congreso para evitar un default, en tanto los demócratas precisan votos republicanos para elevar el monto del endeudamiento permitido, algo a lo que sus líderes se han negado hasta ahora.
dmr