El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recurrió ayer a su poder ejecutivo para bloquear la petición de la oposición demócrata de acceder a la versión sin tachaduras del informe del fiscal especial Robert Mueller sobre la trama rusa, en un desafío al Congreso que podría acabar en los tribunales.
Por primera vez en su mandato, el republicano invocó el “privilegio ejecutivo”, una doctrina que permite al presidente de EU evitar la difusión de materiales que utiliza el jefe de Estado, con el fin de evitar que los demócratas revisen el informe íntegro de Mueller, cuya versión editada se publicó el mes pasado.
“Ante el flagrante abuso de poder del congresista (demócrata Jerrold) Nadler, y por petición del fiscal general, el presidente no tiene otra opción que invocar su privilegio ejecutivo”, anunció la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, en un comunicado.
Nadler, que preside el Comité Judicial de la Cámara baja, había solicitado al Departamento de Justicia revisar la versión original del informe de Mueller –incluidos los tramos confidenciales– y algunos documentos relacionados.
“Estamos en una crisis constitucional”, advirtió Nadler a los periodistas en el Congreso.
“Este es un ataque a la capacidad del pueblo estadunidense de saber lo que está haciendo la rama ejecutiva. Es un ataque a la esencia de nuestra democracia”, añadió el congresista.
La versión editada del informe de Mueller, publicada en abril por el Departamento de Justicia concluye que no hay pruebas de que el entorno de Trump colaborara con Rusia durante su campaña electoral de 2016, pero también arroja dudas sobre una presunta obstrucción a la justicia por parte del mandatario republicano.
Para resolver esos interrogantes, la oposición demócrata había solicitado revisar a puerta cerrada el informe original, amparándose en el deber constitucional de la rama legislativa de supervisar al Ejecutivo en EU.
VAN CONTRA BARR
La negativa del Departamento de Justicia a entregar esos documentos llevó ayer al Comité Judicial de la Cámara baja a votar a favor de declarar en desacato al fiscal general de EU, William Barr, con 24 votos a favor y 16 en contra.
“No es un paso que tomemos a la ligera, sino que es la combinación de tres meses de solicitudes y negociaciones con el Departamento de Justicia”, argumentó Nadler.
El pleno de la Cámara de Representantes, controlado por los demócratas, tiene ahora en sus manos la decisión de solicitar que se abra un proceso judicial contra Barr, quien se convertiría apenas en el segundo fiscal general en la historia de EU en ser acusado de desacato por el Congreso, después de Eric Holder, en 2012.
Incluso si el pleno de la Cámara vota en el mismo sentido que el comité, la decisión de abrir un proceso judicial en su contra correspondería o bien al fiscal federal del Distrito de Columbia o bien al Departamento de Justicia, que podrían determinar no hacerlo, como ocurrió en el caso de Holder.
Los demócratas de la Cámara baja también tienen la posibilidad de llevar ante los tribunales al gobierno de Trump o pedir a los tribunales que examinen la constitucionalidad de su recurso al “privilegio ejecutivo”.
En 1974, durante el escándalo Watergate que entonces afectaba al presidente republicano Richard Nixon, la Corte Suprema limitó de forma notable la capacidad de los mandatarios estadunidenses de recurrir a ese poder para garantizar la entrega de datos al Congreso.
Nadler argumentó ayer que, si el Supremo se pronunció contra el intento de Nixon de proteger las grabaciones de sus conversaciones con asesores, con más razón lo hará en el caso de documentos que no solo ha revisado el presidente, sino también alguien externo a la Casa Blanca como es el equipo entero de Mueller.
“Ganaremos estas batallas judiciales”, aseguró el legislador.
Mientras, la portavoz presidencial argumentó que el Congreso puede acceder si quiere a una versión “menos censurada” del informe de Mueller, pero el Departamento de Justicia no puede entregarles el documento íntegro porque tiene que “proteger información” relativa a casos judiciales abiertos o a temas de inteligencia.
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FBI INVESTIGA TERRORISMO LOCAL
El FBI tiene más de 850 investigaciones abiertas relacionadas con terrorismo en EU y la amenaza sigue en aumento, informaron ayer autoridades federales. Los departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional, junto con el FBI, declararon ante un comité legislativo sobre el odio y la violencia que, afirmaron, está surgiendo en todo el territorio estadunidense.