Joe Biden llega a la presidencia de Estados Unidos como todo un veterano de “mano dura” en la llamada guerra contra las drogas que su país ha emprendido desde 1971, cuando así lo decretó el entonces presidente, Richard Nixon. Es una filosofía política que le ha llevado a chocar más de una vez con México.
A diferencia de otros presidentes estadunidenses, Biden inicia su mandato como un experto en el tema de tráfico de drogas. Tanto en el Senado donde presidió el Comité Judicial primero y el de Relaciones Exteriores después, así como en la vicepresidencia en la administración de Barack Obama que fue un visible vocal de no dar tregua al crimen organizado como enemigo abierto de la legalización, incluso de la mariguana.
Una revisión en debates legislativos y declaraciones de Biden vertidas a lo largo de cuatro décadas de carrera política, permite trazar cómo ha ido evolucionando su postura en contra de las drogas, al grado de que, incluso, ha apoyado la pena de muerte para quien cometa tráfico de drogas a gran escala: él mismo ayudó a redactar una ley al respecto en 1994.
Expertos en temas de narcotráfico consultados por MILENIO coinciden en que con la llegada de Biden a la Casa Blanca se va a fortalecer la estrategia de combate al narcotráfico que se viene aplicando en Estados Unidos
“Literalmente, esto es ver al crimen organizado no como un proceso, no como una dinámica que involucra a toda la sociedad, llámese empresarios, políticos, jueces, gente en común, sino va a ir encaminada hacia personas-objetivos (kingpins)”, sostuvo el investigador Daniel Castillo Santander, profesor de la cátedra Narcotráfico y Crimen Organizado en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Entre 1973 y 2009, periodo que duró su gestión como senador por Delaware, Biden no ocultó en ningún momento su molestia por la colusión de algunas autoridades mexicanas con los cárteles de la droga, e incluso, llegó a apoyar una descertificación parcial de México en el combate a las drogas durante el sexenio de Ernesto Zedillo por considerar que el país no hacía lo suficiente. Entre 1986 y 2002 Estados Unidos certificaba el grado de cooperación de México en el combate al narco.
“Estamos de acuerdo en que la corrupción en la aplicación de la ley mexicana es endémica. Esa corrupción está profundamente arraigada, como incluso reconoció el presidente Zedillo”, dijo durante una discusión en el Senado en marzo de 1997. Justamente, un mes después del arresto en México, por sus vínculos con Amado Carrillo “El Señor de los Cielos”, del general Jesús Gutiérrez Rebollo, que fungía como el zar antidrogas de Zedillo.
Desde entonces, Biden no ha soltado el tema de la corrupción en el gobierno mexicano, especialmente en lo referente al combate antidrogas en el que se vio, particularmente, involucrado durante su vicepresidencia. En 2012, ya como el segundo al mando de la administración Obama, Biden se reunió en México con el entonces presidente Felipe Calderón y el tema de la legalización en esa ocasión en palabras del demócrata “no salió durante la conversación”.
En cambio, en aquella ocasión, cuando los estragos de la llamada “guerra contra el narco” empezaban a ser palpables en los miles de muertos que había en el país, Calderón y Biden, acordaron más ayuda estadounidense a través de la Iniciativa Mérida para reducir el lavado de dinero y el tráfico de armas.
Al respecto, Alexis Herrera, candidato a doctor en estudios de guerra por el King's College of London consideró que la recién llegada administración de Biden va a tener que enfrentarse a la realidad de que algunos estados de la Unión Americana han dado pasos importantes para la legalización de algunas drogas, especialmente la mariguana.
“Los márgenes de maniobra van a ser interesantes porque a diferencia de su relación con las sociedades latinoamericanas, hay voces poderosas que escuchar, incluso, a nivel económico en términos de los actores privados que, poco a poco, han avanzado en la legalización de la marihuana”, explicó.
Cifras de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas demuestran que, los consumidores de drogas en Estados Unidos gastan alrededor de 100 mil millones de dólares anuales en cocaína, heroína, marihuana y metanfetamina.
El asesinato de Enrique Camarena, algo inaceptable
Uno de los momentos estelares de Biden en la guerra contra las drogas se enmarca en el episodio en el que el agente especial de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena, fue secuestrado, torturado y asesinado mientras se encontraba trabajando encubierto en México en 1985.
Tras el incidente, al que se culpa directamente al extinto cártel de Guadalajara liderado por Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto “Don Neto” Fonseca, el entonces senador por Delaware promovió ante el Congreso que se proporcionara el seguimiento y la presentación de informes sobre la seguridad de ciudadanos estadounidenses residiendo en territorio mexicano.
“Se encarga al secretario (de Estado, en ese entonces George Shultz, fallecido el 6 de febrero de 2021 a los 100 años) que informe al Congreso cada 90 días sobre los avances en el caso del asesinato de Enrique Camarena Salazar, las investigaciones de las desapariciones de ciudadanos estadunidenses y la seguridad general de los turistas estadunidenses en México”, se lee en el resumen de la propuesta S.1003, salida del puño y letra del propio Biden.
El actual presidente de Estados Unidos, pasó 36 años consecutivos en el Senado representando a su estado natal. Entre 1973 y 2009, propuso directamente una ley y apoyó otras cuatro leyes referentes a las relaciones con México. En temas como narcotráfico, seguridad, derechos de propiedad y desarrollo económico, temas parecidos a los que, ya como presidente, piensa impulsar con México como se ha informado.
En el texto de hace 36 años, Biden también recomienda al secretario de Estado de la entonces administración de Ronald Reagan, que emita una alerta de viaje advirtiendo a los ciudadanos estadounidenses sobre los peligros de visitar Jalisco, donde había sido asesinado el agente especial de la DEA mientras se encontraba asignado combatiendo al narcotráfico de forma encubierta.
“Requiere que la advertencia de viaje permanezca en vigor hasta que los responsables del asesinato o secuestro de ciudadanos estadounidenses específicos hayan sido llevados a juicio y se haya obtenido un veredicto” dice el proyecto de ley para el presupuesto en Relaciones Exteriores del período 1986-1987, que, finalmente fue aprobado en julio de 1985, es decir, cinco meses después del asesinato de Camarena a manos del narco.
dmr