Un juez federal ordenó al Departamento de Justicia que presente propuestas censuradas de la declaración jurada que justificó la orden de allanamiento en la finca de Florida del ex presidente Donald Trump, habiéndose comprometido a difundir al menos parte del documento.
El juez Bruce Reinhart señaló que, de acuerdo a la ley, es responsabilidad del gobierno demostrar por qué no se debe dar a conocer una versión censurada, y que los argumentos que presentó la fiscalía el jueves no lo convencieron. Les fijó un plazo de una semana para presentar una copia de la declaración jurada y proponer qué información desea mantener en secreto después de que el FBI incautó información confidencial y ultrasecreta durante el allanamiento de la semana pasada en Mar-a-Lago.
La audiencia se convocó después de que varios medios de comunicación, pidieron desclasificar más documentos vinculados al allanamiento de la semana pasada, incluida la declaración jurada. Es posible que los documentos contengan detalles cruciales sobre la investigación del Departamento de Justicia acerca de si Trump retuvo o hizo mal manejo de archivos gubernamentales confidenciales y delicados.
El Departamento de Justicia se ha opuesto firmemente a difundir cualquier porción de la declaración jurada, argumentando que hacerlo pondría en riesgo una investigación en marcha, expondría la identidad de testigos y podría evitar que otros brinden información y cooperen con el gobierno.
No obstante, los abogados de los medios de comunicación argumentaron que la naturaleza sin precedentes de la investigación del Departamento de Justicia amerita una difusión pública.
"No se puede confiar en lo que no se ve", dijo Chuck Tobin, un abogado que representa a la agencia AP y a otros medios de comunicación.
Además de ordenar las versiones censuradas, el juez acordó difundir otros documentos, incluyendo la carátula de la orden de allanamiento, la moción del Departamento de Justicia para precintar los documentos y la orden del juez para que se precintaran.
Esos documentos revelaron que el FBI investigaba concretamente la "retención deliberada de información de defensa nacional", el ocultamiento o retiro de expedientes gubernamentales y la obstrucción de una investigación federal.
Jay Bratt, un alto fiscal sobre seguridad nacional para el Departamento de Justicia, ha argumentado que la declaración jurada debe permanecer fuera del ojo público. Añadió que desclasificarla proveería un "mapa" de la investigación, la cual está en sus "primeras etapas" y expondría los siguientes pasos de los agentes y fiscales federales. Añadió que lo más conveniente para el público era que la investigación avanzara sin obstáculos, incluyendo los interrogatorios de testigos.
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