El juez de distrito federal del distrito de Norte de California, Jon Tigar, anuló un decreto presidencial de Donald Trump que vetaría del proceso de solicitud de asilo a cualquier extranjero que haya pasado por un tercer país en su camino hacia Estados Unidos.
El pasado 15 de julio el propio Tigar ordenó la suspensión de la norma con el argumento de que es "inconsistente con las leyes de asilo existentes" que han sido promulgadas por el Congreso.
Sin embargo, la Casa Blanca recurrió ante el Tribunal Supremo y logró que una instancia inferior limitara su aplicación a los estados fronterizos de California y Arizona.
Ahora Tigar aplica la suspensión a nivel federal porque esta "amplitud es necesaria para remediar el daño a los demandantes". La suspensión a nivel federal de la normativa será efectiva hasta que se dilucide la legalidad de la medida, probablemente en el Supremo.
La normativa presidencial sólo contemplaba como excepción a las víctimas de trata y a los extranjeros a los que se les hubiera ya denegado el asilo en los países por los que habían pasado. Esto afecta principalmente a miles de centroamericanos que cruzan por México cada mes para tratar de ingresar a Estados Unidos.
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