A partir del primero de julio, el estado de Iowa castigará a toda persona que entre en su territorio tras haber sido expulsada o se le haya negado la entrada por autoridades fronterizas, por lo que organizaciones a favor de los derechos de los migrantes adelantan que se presenten demandas contra esta ley.
En entrevista con MILENIO Ana Ortega, directora de programa en la organización pro migrantes, Mobile Pathways, describió esta nueva norma como similar a la SB4, apodada ley antimigrante de Texas que aún se discute en una corte de apelaciones de Estados Unidos.
“De acuerdo a las leyes de Estados Unidos las leyes migratorias son federales, y como lo estamos viendo en Texas, varios gobernadores ahora de Iowa, están proponiendo leyes similares. Las organizaciones de derechos humanos estamos en una batalla constante en las cortes para evitar que estas leyes racistas entren en vigor”, explicó.
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El 10 de abril la gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, promulgó una ley que tipifica como un delito el que una persona entre en territorio estatal luego de haber sido expulsada o que se le haya negado la entrada por autoridades fronterizas.
La ley establece que una persona comete un delito menor agravado si entra o intenta entrar al estado al haber sido deportado o expulsado previamente o si se le había negado la entrada por una autoridad migratoria.
La acción se vuelve un delito mayor si la persona que intenta entrar fue expulsada por haber cometido dos o más delitos menores relacionados con drogas o crímenes contra personas, o si fue rechazado por vínculos con terrorismo o acciones criminales, lo que podría implicar ir a prisión.
Esta norma, además, da autoridad a los jueces para que cuando la persona sea presentada por primera vez, le otorguen la posibilidad de ser deportada de manera inmediata al país del que vino, aunque no queda claro cómo se establecerán los medios de transporte para la deportación.
aag