Luego de una investigación encubierta realizada por la oficina del alguacil, el alcalde Eric Adams y la fiscal general del estado Laetitia James, anunciaron una demanda federal contra cinco minoristas que venden ilegalmente en Nueva York componentes de armas fantasma.
El objetivo de la querella es detener de inmediato las ventas y entregas en la Gran Manzana de este tipo de artefactos que, al no tener número de serie, resultan imposibles de rastrear.
La demanda se presentó en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York contra los acusados Arm or Ally, con sede en Kansas City, Missouri; Rainier Arms, ubicada en North Auburn, Washington; 80P Builder y Indie Guns, la primera con sede en Largo y la segunda en Orlando, Florida y por último Rock Slide USA, direccionada en Broadway, Carolina del Norte.
La queja detalla que dichos minoristas anunciaron y vendieron a través de sus sitios web marcos, receptores y kits de armas fantasma sin terminar a un agente encubierto de la oficina del alguacil.
El 8 de junio del 2021, legisladores estatales en Nueva York aprobaron una ley, la primera en su tipo en todo el país, que permite presentar demandas civiles contra los fabricantes y comerciantes de armas de fuego, buscando reducir la inmunidad con que se mueven las empresas debido a una ley federal que los responsabiliza por sus productos. La leguslación apenas entró en vigor en mayo del 2022 debido a una serie de mociones ingresadas por más de 11 empresas armadoras, las cuáles finalmente desechó la juez Mae D'Agostino.
La ley Protección del Comercio Legal de Armas que data del 2005, protege a los fabricantes de armas de fuego de ser considerados responsables cuando sus productos son hallados en escenas criminales. Sin embargo, el hueco por donde han ingresado muchas demandas es que la ley federal no protege a los fabricantes en los casos donde sus prácticas de ventas y marketing infringen leyes estatales, una excepción que el proyecto de ley de Nueva York busca explotar.
Y que también ha explorado la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana desde agosto del 2021, cuando demandó en Massachussetts a 11 empresas fabricantes de armamento, proceso que ha levantado la simpatía de activistas así como de fiscales en al menos 11 estados. Ese mismo resquicio en la ley, lo aprovecharon por su parte los padres de 9 víctimas del tiroteo en 2012 en la escuela primaria Sandy Hook, ubicada en Newtown, Connecticut, que en un acuerdo sin precedentes ganaron en febrero del 2022 la querella contra Remington Arms, la empresa fabricante del rifle de asalto usado en esa matanza.
“No vamos a permitir que las empresas de armas conviertan a la ciudad de Nueva York en una ciudad de asesinatos por correo”, dijo el alcalde Adams. “Sea que estén escondidas en la cajuela de los autos o empacadas en una simple caja marrón, las armas fantasma son ilegales y tomaremos todas las medidas posibles para evitar que los minoristas de armas se beneficien a expensas de la seguridad de la ciudad” reiteró.
El presidente Joe Biden anunció el 11 de abril una propuesta de ley para buscar prohibir a nivel nacional las armas de fabricación casera y horas después la joven Anjalee Yambo fue asesinada en Nueva York con un arma de este tipo.
A inicio de junio, Ilene Steur, quien fue herida en el tiroteo registrado también en abril en el metro de Nueva York, presentó una demanda contra la empresa Glock usada en ese tiroteo acusando a la compañía de “indiferencia imprudente por la vida humana” y de poner “en peligro la salud y la seguridad públicas” con la promoción, distribución y venta de sus armas.
Luego de que el 23 de junio, la Corte Suprema de los Estados Unidos anuló con 6 votos a favor y 3 en contra, una ley que restringía la tenencia de armas en la vía pública en el estado de Nueva York, pero además en California, Hawái, Maryland, Massachusetts, Nueva Jersey y Rhode Island, sitios donde portar un arma de fuego requería una licencia especial y una causa justificada, tal parece que el único camino que les queda a las autoridades es el de introducir demandas como la presentada por el alcalde Adams y la fiscal Jame en su intento por mermar el poder de los fabricantes y disminuir la violencia armada.
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