Una jueza federal de California ordenó hoy reunificar a padres e hijos y el fin de las separaciones familiares en la frontera por la medida instrumentada por la administración del presidente Donald Trump.
La jueza federal de San Diego emitió una orden judicial preliminar a pedido de la Union de Libertades Civiles de America (ACLU, por sus siglas en ingles), pidiendo que todos los niños afectados por la política de inmigración de "cero tolerancia" de la administración Trump se reúnan con sus padres dentro de 30 días.
En una opinión duramente redactada, la Jueza de Distrito de los Estados Unidos, Dana Sabraw, escribió "los hechos expuestos ante la Corte representan un gobierno reactivo: respuestas para abordar una circunstancia caótica de la propia creación del Gobierno".
Ellos desmienten el gobierno medido y ordenado, que es central para el concepto del debido proceso consagrado en nuestra Constitución".
De esta forma la jueza federal ordenó el fin de la mayoría de las separaciones familiares en la frontera con México y la reunificación de todas las familias separadas en la primera gran reprimenda a la administración Trump durante el furor por las separaciones familiares en la frontera.
La orden judicial específicamente requiere que los funcionarios federales dejen de detener a los padres, además de sus hijos menores, en ausencia de una determinación de que el padre no es apto o que el padre rechaza la reunificación; reunificar a todos los padres con sus hijos menores de cinco años dentro de los 14 días en un plazo de 30 días.
La orden también exige que los funcionarios proporcionen a los padres contacto con sus hijos por teléfono dentro de los 10 días, si el padre no está en contacto con su hijo.
"Los demandantes han demostrado una probabilidad de éxito sobre el fondo, un daño irreparable, y el equilibrio de las acciones y el interés público pesan a su favor, lo que justifica la emisión de un requerimiento preliminar", escribió el martes la jueza del tribunal de distrito Dana Sabraw.
La orden del juez no significa que la administración Trump debe dejar de perseguir a las personas que cruzan la frontera ilegalmente.
"Esta orden no implica la autoridad discrecional del gobierno para hacer cumplir las leyes de inmigración u otras leyes penales, incluidas sus decisiones de liberar o detener a los miembros de la clase”, se indicó en el resolutivo.
“Por el contrario, la orden se refiere solo a las circunstancias bajo las cuales el gobierno puede separar a los miembros de la clase de sus hijos, así como a la reunificación de los miembros de la clase que regresan a la custodia de inmigración una vez finalizado el proceso penal", se añadió.
La orden de Sabraw también se refería a las separaciones familiares en la frontera, provocadas por una decisión de la administración Trump de remitir a todas las personas atrapadas que cruzan la frontera ilegalmente para su enjuiciamiento penal, como si alcanzaran "un nivel de crisis".
"Los medios de noticias están saturados con historias de familias inmigrantes separadas en la frontera. La gente está protestando. Los funcionarios electos están influyendo. El Congreso está amenazando con tomar medidas. Diecisiete estados han presentado una queja contra el Gobierno Federal impugnando la práctica de separación familiar", escribió Sabraw.
La jueza también fue muy crítica con el intento de la administración de implementar la nueva política.
"La práctica de separar a estas familias se implementó sin ningún sistema o procedimiento efectivo para (1) rastrear a los niños después de que fueron separados de sus padres, (2) permitir la comunicación entre los padres y sus hijos después de la separación, y (3) reunir al padres e hijos después de que los padres son devueltos a la custodia de inmigración después de la finalización de su sentencia criminal. Esta es una realidad sorprendente", escribió el juez.
"El gobierno fácilmente realiza un seguimiento de los bienes personales de los detenidos en los procesos penales y de inmigración. El dinero, los documentos importantes y los automóviles, por nombrar algunos, se catalogan, almacenan, rastrean y producen de forma rutinaria tras la liberación de los detenidos, a todos los niveles: estatales y federales, ciudadanos y extranjeros.
Sin embargo, el gobierno no tiene un sistema establecido para realizar un seguimiento, proporcionar una comunicación efectiva y producir rápidamente niños extranjeros.
La desafortunada realidad es que bajo el sistema actual, los niños migrantes no son contabilizados con la misma eficiencia y precisión que la propiedad. Ciertamente, eso no puede satisfacer los requisitos del debido proceso", indicó.
"Los hechos expuestos ante la Corte muestran un gobierno reactivo: respuestas para abordar una circunstancia caótica de la propia creación del Gobierno”, sentenció.
“Ellos desmienten el gobierno medido y ordenado, que es central en el concepto del debido proceso consagrado en nuestra Constitución", agregó Sabraw.
La jueza ha establecido una audiencia de estado para el 6 de julio.