El mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó que los registros de visitantes de la Casa Blanca, incluidos los del día del asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, sean entregados a la comisión legislativa que investiga esos hechos, dijo la Presidencia, rechazando alegaciones de su predecesor Donald Trump
Trump aseguraba que estos registros estaban sujetos al “privilegio ejecutivo”, una disposición legal estadunidense que otorga al presidente el derecho de mantener en secreto ciertos documentos por el bien del país.
Sin embargo, esa no es la opinión del actual mandatario. Biden “ha concluido que aplicar privilegios ejecutivos no es de interés de Estados Unidos”, escribió la abogada Dana Remus, asesora de la Casa Blanca, al director de los Archivos Nacionales, en una carta comunicada por el ejecutivo estadunidense.
Remus recuerda que la administración Biden “publica registros de visitantes por su cuenta cada mes, con excepciones limitadas” y que lo mismo sucedió durante la presidencia de Barack Obama.
La comisión parlamentaria de investigación de los hechos del 6 de enero de 2021 espera que estas listas le permitan arrojar luz sobre el papel que jugaron Donald Trump y su séquito cuando una multitud de simpatizantes del ex presidente irrumpió en la sede del Congreso.
El líder republicano y sus allegados están enfrascados en una guerra de desgaste con este comité especial de la Cámara de Representantes, compuesto principalmente por demócratas.
Esos parlamentarios pretenden publicar sus conclusiones antes de las elecciones legislativas intermedias del próximo otoño, en las cuales los republicanos podrían recuperar el control de la Cámara y enterrar su trabajo.
Por ello, la comisión legislativa ha pedido una serie de documentos a los Archivos Nacionales y Administración de Documentos de Estados Unidos, incluidos aquellos que Trump quiso mantener confidenciales.
La abogada de la Casa Blanca dijo que Biden tomó nota del argumento de Trump, de que por ser él presidente en la época del ataque los documentos debían considerarse confidenciales, pero decidió que eso “no convenía a los intereses de Estados Unidos”.
Un vocero de Trump no respondió de inmediato a un pedido de declaraciones.
La Ley de Archivos Presidenciales dispone que los documentos creados por un presidente y su personal se conserven en los Archivos Nacionales. Además de que el mandatario que finaliza su periodo es responsable de que los documentos lleguen al archivo. Trump intentó, sin éxito, impedir que documentos de la Casa Blanca llegaran a la comisión, en una disputa resuelta finalmente por la Corte Suprema.
Biden ha dicho claramente que no invocará el privilegio ejecutivo en lo relativo a la investigación legislativa a menos que no le quede otra opción. Razón por la que ha entregado mucha información solicitada por el comité, que además de estudiar los documentos, obtiene declaraciones de testigos, en algunos casos renuentes.
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La comisión investiga las acciones de Trump el 6 de enero, cuando dejó pasar horas antes de decirles a sus seguidores que desistieran de la violencia y abandonaran el Capitolio. Indaga también en la organización y financiación de un acto en Washington la mañana de la insurrección, cuando Trump dijo a sus seguidores que “luchen como demonios”.
Los investigadores también quieren las comunicaciones entre los Archivos Nacionales y los colaboradores de Trump acerca de 15 cajas de documentos hallados en el resort de Trump en Florida para conocer su contenido.
Los registros de llamadas de la Casa Blanca obtenidos hasta ahora por la comisión no incluyen las llamadas de Trump cuando seguía por televisión el desarrollo de la violencia el 6 de enero ni las llamadas directas al presidente.
La falta de información sobre las llamadas personales de Trump es un reto especial para los investigadores que quieren saber qué hacía el entonces presidente cuando sus partidarios irrumpieron en el Capitolio e interrumpieron la certificación por el Congreso del triunfo electoral del demócrata Joe Biden.
Puede haber diversas explicaciones para las lagunas en los registros, que no reflejan, entre otras, las conversaciones que mantuvo Trump el 6 de enero con diversos legisladores republicanos. Se sabe que Trump usaba un teléfono celular personal, o posiblemente un colaborador le pasó un teléfono. La comisión sigue recibiendo documentos de los Archivos Nacionales y otras fuentes que podrían brindar información adicional.
LP