El gobierno de Donald Trump planteó pagar a México 20 millones de dólares para que expulse a miles de migrantes indocumentados, informó hoy el Departamento de Seguridad Nacional.
"Esta propuesta es parte de un esfuerzo multidisciplinar para atajar la crisis en nuestra frontera sur", aseguró la portavoz de ese Departamento, Katie Waldman.
La Administración de Trump planteó al congreso utilizar 20 millones de los fondos de asistencia al extranjero y utilizarlos para ayudar a México a financiar el transporte y proceso de deportación de al menos 17 mil personas que se encuentran en su territorio de forma ilegal.
"Estamos trabajando estrechamente con nuestros compañeros mexicanos para combatir el aumento de las detenciones en la frontera, con un 38 por ciento más de familias arrestadas en el mes de agosto, para asegurar que quienes tengan peticiones legítimas tengan las protecciones apropiadas", argumentó la portavoz.
La propuesta llega después de que en los dos últimos años Trump haya reiterado una y otra vez que se construirá un "gran muro" en la frontera sur y que será México quien pague por este.
De acuerdo a la portavoz, la medida buscaría aliviar los flujos migratorios por la zona limítrofe meridional.
Por su parte, fuentes legislativas también confirmaron este jueves la iniciativa presentada por el Ejecutivo.
El proyecto aportaría recursos a México para la deportación de los migrantes irregulares que utilizan al país como una parada de tránsito para llegar a Estados Unidos.
La iniciativa llega después de que la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, se reuniera ayer con el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, en Washington, tal y como informó la diplomacia del país latinoamericano en Twitter.
"Dieron continuidad a los trabajos en materia de cooperación migratoria y seguridad entre ambos países", reveló la Secretaría de Relaciones Exteriores.
En un comunicado, el director de la organización sin ánimo de lucro estadounidense Foro Nacional de Inmigración, Ali Noorani, consideró que la propuesta "no es política, es desesperación".
Este nuevo paso se enmarca en un contexto en el que el gobierno ha tratado de impulsar distintas estrategias para reducir la migración, incluida las políticas de "tolerancia cero" y separación de familias con menores, que buscaban un efecto disuasorio.