La fiscalía del condado de Tompkins, en el estado de Nueva York, anunció la reapertura de la investigación penal sobre una presunta agresión sexual grupal ocurrida en octubre de 2024 en la Universidad Cornell.
La decisión judicial se produce tras la presentación de una demanda civil por parte de la víctima y la posterior presión social.
Según la documentación de la demanda civil, los hechos ocurrieron la noche del 19 de octubre de 2024 en la residencia de la fraternidad Chi Phi, ubicada en el campus de Ithaca. La demandante, identificada bajo el seudónimo de Jane Doe y quien en ese momento tenía 20 años, acudió al lugar para visitar a un conocido.
El texto de la demanda señala que la joven fue incentivada a consumir una sustancia química y que posteriormente dos miembros de la fraternidad iniciaron una agresión sexual que se extendió por varias horas. Asimismo, se alega que uno de los involucrados difundió un mensaje con fotografías en un chat grupal para invitar a otros integrantes, lo que derivó en la participación de al menos cinco personas más.
Cierre inicial y apertura del proceso civil
Tres semanas después del incidente, la estudiante reportó lo sucedido ante la policía del campus. Sin embargo, el fiscal de distrito, Matthew Van Houten, optó por no presentar cargos en aquel momento. La fiscalía argumentó que las declaraciones iniciales de la joven indicaban un consumo voluntario de sustancias y no registraban explícitamente una incapacidad física o coerción directa.
Por su parte, la defensa legal de la víctima rechazó la postura de las autoridades policiales y judiciales, argumentando deficiencias en los procedimientos de interrogatorio e investigación aplicados tras la denuncia inicial.
En septiembre de 2026, tras retirarse de la institución académica, la afectada interpuso una demanda civil formal. La acción legal señala responsabilidades en la Universidad Cornell, la organización nacional y local de la fraternidad Chi Phi, la hermandad Delta Delta Delta, un establecimiento nocturno de la zona y siete estudiantes vinculados de forma directa o indirecta con los hechos.
Posturas de las partes e investigación actual
Ante los señalamientos civiles, representantes de la Universidad Cornell indicaron que el caso fue procesado mediante sus canales disciplinarios internos bajo la normativa federal correspondiente. Como resultado de dichos procedimientos, se decretó la expulsión de alumnos involucrados y la prohibición permanente para el funcionamiento de la fraternidad en el campus.
Por otro lado, la representación legal de uno de los estudiantes demandados sostuvo la inocencia de su defendido, indicando que existen pruebas analíticas que descartan su participación física en la agresión denunciada.
Debido a las divergencias entre los testimonios y los nuevos antecedentes presentados en el ámbito civil, la fiscalía del condado de Tompkins reabrió la causa penal. El expediente fue asignado a una fiscalía especializada en delitos sexuales con el fin de presentar los elementos de prueba ante un gran jurado, órgano que determinará si corresponde la formulación de cargos criminales y la emisión de órdenes de detención.