A escasos días de que por orden de un juez expire la orden de salud pública en la frontera, mejor conocida como Título 42, Estados Unidos, ha precipitado la expulsión de migrantes bajo la medida que nació amparada en la pandemia de covid-19 y que impusieron los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) en 2020, cuando Donald Trump aún despachaba desde la oficina oval y que ha continuado bajo la presidencia de Joe Biden por poco más de un año.
Cifras de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) muestran que, las expulsiones en la frontera entre Estados Unidos y México por Título 42 aumentaron 38.4 por ciento de enero a marzo, pasando de 77 mil 418 a 107 mil 149.
Todas estas deportaciones justificadas ante el peligro de la pandemia de covid-19 no son poca cosa. En un análisis de las cifras compartidas mes por mes por CBP se revela que éstas representan hasta el 47.1 por ciento del poco más de un millón de deportaciones totales realizadas por las autoridades migratorias estadunidenses en lo que va del año fiscal 2022, que inició en octubre.
“CBP continúa haciendo cumplir la Orden de Salud Pública del Título 42 de los CDC. La mitad de los migrantes encontrados en marzo fueron procesados para expulsión bajo el Título 42, y aquellos que no fueron procesados bajo el Título 42 continúan siendo procesados para expulsión bajo el Título 8, las mismas autoridades que CBP ha utilizado a lo largo de nuestra historia”, reconoció Chris Magnus, comisionado de CBP a finales de abril al dar a conocer la actualización más reciente de las cifras de expulsiones de migrantes.
La medida instruida por Trump en marzo de 2020, faculta a las autoridades migratorias estadunidenses para deportar automáticamente a la mayoría de los migrantes indocumentados que llegan a través de la frontera con México, sin darles la oportunidad de solicitar asilo.
Lo anterior argumentando, principalmente, que de esta manera se toman precauciones para evitar la propagación del virus entre todos los países involucrados en el fenómeno migratorio que se vive en los límites de México y Estados Unidos desde hace décadas.
Desde que comenzó a implementarse el Título 42 hace más de dos años, casi dos millones de migrantes indocumentados han sido expulsados a México o directamente hasta sus países de origen, la mayoría de ellos, en Centroamérica. Sin darles la oportunidad de exponer su solicitud de asilo, de acuerdo con datos del mismo gobierno estadunidense.
Un importante número de migrantes han sido deportados en las últimas semanas bajo Título 42 en la ciudad de Reynosa, en Tamaulipas y en la frontera de El Paso-Ciudad Juárez, en Chihuahua.
En Reynosa, desde mediados de la semana pasada, la explanada de la delegación del Instituto Nacional de Migración (INM) comenzó a llenarse nuevamente de migrantes, en esta ocasión, son principalmente grupos de cubanos y algunos pocos nicaragüenses recién expulsados de Estados Unidos por intentar cruzar ilegalmente a través del río Bravo, sumando cerca de 60 personas en el área federal.
Algunos deportados relataron a MILENIO que no sabían que al cruzar por el río quedarían sin oportunidad de pedir asilo humanitario en un futuro. Ahora permanecen sin dinero ni pertenencias, esperando la ayuda de familiares para hospedarse en hoteles en Reynosa, mientras que otros duermen en la explanada del INM debido a que los albergues están saturados
En Nuevo Laredo algunos migrantes, principalmente Haitianos, han salido por su propia cuenta hacia Monterrey, pagando ellos su pasaje en autobús pues prefieren regresar a esa ciudad donde una cadena de tiendas de conveniencia les da empleo.
El gobierno municipal de Nuevo Laredo anunció que estará apoyando con transporte a migrantes que así lo necesiten.
En Ciudad Juárez, Chihuahua, aumentaron las deportaciones de migrantes a través de la frontera de El Paso-Ciudad Juárez, provocando que los espacios humanitarios del lado mexicano registren una ocupación de aproximadamente un 86 por ciento.
Una de las principales promesas de campaña de Joe Biden fue la de ordenar el fenómeno migratorio, y sobre todo, acabar con las medidas en la materia tomadas por su antecesor, al que venció en las urnas y las que ha calificado de inhumanas.
Esto provocó la furia de muchos gobernadores republicanos afines a Trump y su línea ideológica que se caracterizó por ser especialmente dura respecto a la migración.
Desde que el demócrata llegó a la Casa Blanca en enero de 2021, ha librado una intensa batalla en tribunales para determinar de una vez, bajo análisis jurídico, si debe o no eliminarse la medida sanitaria de repercusiones migratorias.
El estira y afloja de esta guerra de demandas y contrademandas iniciada por el gobernador de Texas, Greg Abbott, convertido en los últimos meses en uno de los principales detractores de Biden, tuvo su más reciente capítulo el pasado 11 de mayo cuando un juez federal de Luisiana extendió hasta el próximo 23 de mayo su orden de suspender los preparativos del gobierno federal para rescindir definitivamente del Título 42.
El plazo se había fijado originalmente para el pasado 13 de mayo a pesar de la extensa argumentación del bloque de gobernadores republicanos que, desde el inicio de la administración actual, han levantado la voz en contra de la propuesta de extinguir la medida pues acusan que agravará la crisis que ya se vive en la frontera ante el enorme flujo de migrantes registrado en los últimos meses.
La batalla de los republicanos para mantener el Título 42, a la fecha, suma al menos a otros 20 líderes republicanos de estados como Arizona, Luisiana y Misuri y no se descarta que en los días que restan para que entre vigor la suspensión logren una nueva concesión jurídica para continuar con la medida.
Las expulsiones bajo Título 42, consideradas por activistas en pro de los derechos de los migrantes como deportaciones exprés, han tenido un impacto negativo en el enorme número de personas que desde inicios de 2021 intenta ingresar a Estados Unidos sin papeles, sólo con la esperanza de obtener la condición de asilo humanitario tras huir de la pobreza y la violencia que se vive en sus comunidades de origen.
Las rápidas expulsiones han provocado, en consecuencia, un aumento significativo en los repetidos intentos de cruce por parte de los migrantes que fueron deportados a México, especialmente a través de Tijuana, Ciudad Juárez y Matamoros.
Es decir, básicamente, infló la cantidad de personas detenidas por CBP. En los últimos meses, más de una cuarta parte de los arrestos fueron por individuos que habían sido rechazados anteriormente en el mismo año.
A inicios de mayo, The Associated Press reveló, citando a funcionarios estadunidenses que pidieron el anonimato, que México y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo para enfocar las expulsiones por Título 42 también hacia la diáspora de migrantes cubanos y nicaragüenses, que ha incrementado en lo que va del 2022.
De acuerdo con la agencia de noticias estas expulsiones comenzaron el 27 de abril y planean concluir el 22 de mayo, un día antes de que entre en vigor la caducidad del Título 42, y con ello se derribe el muro migratorio normativo que se ha ido desgastando paulatinamente con el eventual cese de la pandemia, pero que, aún tiene esperando a miles de personas por una oportunidad de ingresar a Estados Unidos.
Con información de Carolina Garza, Anahy Meza, Lucia Cisneros y Blanca Carmona.
RM