Estados Unidos intentó hoy dar garantías a la justicia británica sobre el tratamiento que recibiría Julian Assange en el caso de que el fundador de WikiLeak fuera entregado a las autoridades de su país, en la primera audiencia de la apelación contra la negativa del Reino Unido de extraditarlo.
El abogado que representa al gobierno estadunidense, James Lewis, insistió en las garantías dadas por Washington de que Julian Assange no será sometido a medidas especiales ni estará detenido en el temido centro penitenciario de muy alta seguridad ADX Florence, en Colorado, conocido como "Alcatraz de las Rocosas".
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Una jueza del tribunal inferior rechazó en enero la solicitud estadunidense de extradición de Assange por delitos de espionaje, esto por la publicación de documentos militares secretos hace una década por parte de WikiLeaks. En Estados Unidos enfrenta una pena de 175 años de prisión.
La jueza de distrito, Vanessa Baraitser, rechazó la extradición por motivos de salud y dijo que probablemente Assange intentaría suicidarse si era retenido en condiciones duras en una prisión estadunidense.
El juez del Alto Tribunal de Londres informó que el australiano, de 50 años, se sumó a la audiencia, por videoconferencia desde la cárcel. En un primer momento anunció que no iba a asistir.
El abogado James Lewis sostuvo que la justicia estadunidense garantizará que Assange reciba los cuidados clínicos y psicológicos necesarios y que pueda solicitar purgar su eventual pena en Australia, su país de origen.
Lewis sostuvo que la jueza Baraitser habría tomado una decisión diferente, en caso de que hubiera tenido las garantías que hoy presenta Estados Unidos.
“Una vez que haya una garantía de atención médica adecuada, una vez que esté claro que será repatriado a Australia para cumplir con cualquier sentencia, entonces podemos decir con seguridad que la jueza de distrito no habría decidido esa cuestión relevante en la forma en que lo hizo”, agregó Lewis.
Tras siete años recluido en la Embajada de Ecuador en Londres y dos años y medio en la cárcel de alta seguridad de Belmarsh, el australiano, considerado por sus seguidores como una víctima de ataques contra la libertad de expresión, dio un gran paso hacia su libertad en enero.
En su demanda de apelación, Washington pone en entredicho la fiabilidad de un experto que testificó a favor de Assange, esto luego de que el psiquiatra Michael Kopelman reconoció que había engañado a la justicia al "ocultar" el hecho de que su cliente se convirtió en padre durante su encierro en la embajada de Ecuador en Londres.
Esta apelación ante el Alto Tribunal de Londres, que durará dos días, es uno de los últimos recursos de Washington, en el cual, en caso de que fracase, sólo podría acudir al Tribunal Supremo británico.
Por el contrario, en caso de victoria, no será el final del proceso judicial, que será reenviado ante otro tribunal que deberá pronunciarse sobre el fondo.
El abogado de Assange, Edward Fitzgerald, dijo en una petición escrita que, de ser condenado, Australia no había acordado recibir a Assange. Incluso si lo hiciera, afirmó el representante legal que el proceso judicial estadunidense podría demorar décadas, “durante las cuales el señor Assange permanecerá detenido en aislamiento extremo en una prisión de Estados Unidos”.
Fitzgerald acusó incluso a los abogados estadunidenses de intentar “minimizar la severidad del desorden mental y riesgo de suicidio del señor Assange”.
La expectación por el proceso judicial en Reino Unido
Antes del comienzo de la audiencia, varias decenas de personas se concentraron frente al Alto Tribunal de Londres para apoyar a Assange.
"No hizo nada malo desde un punto de vista legal, ético o moral. Fue encarcelado en condiciones repugnantes (...). No debiera estar aquí y lo que vivió es totalmente ridículo", dijo Sadia Koknie, 40 años, presente para apoyar al militante australiano.
Assange, que cuenta con el apoyo de numerosas organizaciones de defensa de la libertad de prensa, es buscado por Estados Unidos por espionaje tras la publicación de unos 700 mil documentos militares y diplomáticos secretos.
Fue detenido por la policía británica en abril de 2019, tras haber pasado siete años recluido en la embajada de Ecuador en Londres, donde se refugió cuando estaba en libertad bajo fianza. Temía la extradición a Estados Unidos o Suecia, que lo reclamaba por violación, cargos que fueron abandonados desde entonces.
Según su pareja, Stella Moris, quien lo visitó el sábado en la cárcel, Assange está "en muy mal estado". "Julian no sobreviviría a una extradición, es la conclusión de la magistrada", dijo en una rueda de prensa.
"Julian quiere poder volver a Australia y ver a su familia, a su madre, a quien no ha visto desde hace ocho años", explicó, aunque admitió que será difícil porque "Australia no ha hecho nada para garantizar su seguridad".
Se esperaba que Assange, recluido en la prisión Belmarsh de alta seguridad en Londres, asistiera por videoconferencia, pero Fitzgerald indicó que le habían administrado una alta dosis de medicamento y “no se siente capaz de asistir al proceso”.
En un video después se vio que aparentemente Assange escuchó la audiencia en todo momento, aunque sus abogados afirmaron que ha experimentado una serie de problemas físicos y mentales a lo largo de los años.
Para el redactor jefe de WikiLeaks, Kristinn Hrafnsson, sería "impensable" que el Alto Tribunal de Londres llegue a otra conclusión que la "confirmación" del rechazo de entregar a Assange a Washington.
Assange es objeto de un proceso lanzado durante la presidencia de Donald Trump. Bajo la presidencia de Barack Obama, que tenía a Joe Biden como vicepresidente, la justicia estadounidense había renunciado a actuar contra el fundador de WikiLeaks.
Pero la elección de Biden en la Casa Blanca no parece conllevar el giro en el caso que los seguidores de Assange esperaban.
Los fiscales estadunidenses acusan a Assange de ayudar de forma ilegal a la analista militar de inteligencia Chelsea Manning a robar despachos diplomáticos clasificados y archivos militares, los que posteriormente WikiLeaks publicó.
Los abogados de Assange afirmaron que actuaba como periodista y que tiene derecho a las protecciones de la libertad de expresión recogidas en la Primera Enmienda por publicar documentos, los que dejaron al descubierto malas prácticas del Ejército estadunidense en Irak y Afganistán.
Varias organizaciones de defensa de los derechos humanos y de la libertad de prensa, como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y Reporteros Sin Fronteras, instaron a mediados de octubre en una carta abierta al fiscal general estadounidense a que abandonase las medidas.