M+.- Un informe oficial estadunidense clasifica la solidaridad con Cuba como una “amenaza subversiva”, mientras el Congreso emite citatorios judiciales para exigir que se den a conocer las comunicaciones internas de organizaciones políticas y periodísticas.
El gobierno de Estados Unidos inició una de las ofensivas políticas y legales más duras de los últimos años.
A través de una acción coordinada entre el Departamento de Estado y la mayoría del Partido Republicano en la Cámara de Representantes, la administración de Donald Trump activó una estrategia institucional que apunta directamente contra medios de comunicación independientes, activistas comunitarios y líderes políticos de la izquierda internacional.
La medida se divide en dos frentes simultáneos: la desclasificación de un informe gubernamental de 100 páginas del Departamento de Estado titulado Cuba: la capital del comunismo del siglo XXI, publicado el 20 de julio del presente año y presentado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y la emisión de requerimientos judiciales desde el Poder Legislativo.
EU pone atención en La Habana
El citado expediente federal establece a La Habana como el centro de un movimiento global al que las autoridades estadunidenses denominan formalmente “tercermundismo”.
Bajo la gestión de Marco Rubio –él mismo de origen cubano–, la política exterior expone que la isla caribeña busca propagar un marco ideológico con el objetivo explícito de fomentar un estallido revolucionario dentro del territorio de Estados Unidos.
El documento afirma que “agentes y operadores”, al servicio del gobierno cubano, actúan dentro de “cientos” de organizaciones locales, representando colectivamente “uno de los vectores de influencia extranjera hostil más grandes, sofisticados y peligrosos en la historia moderna” del país.
Exigencias del Congreso contra organizaciones
Esta categorización responde a los planteamientos que estrategas republicanos establecieron en el debate público reciente.
Christopher Rufo, influyente activista conservador, definió las prioridades de esta agenda al afirmar que “la izquierda está pasando de lo woke al tercermundismo”, y advirtió que dicha corriente “es una amenaza mucho más seria para la vida, la libertad y la propiedad”.
La publicación del dossier de inteligencia coincidió con acciones legales ordenadas desde el Capitolio. La semana pasada, el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes emitió citatorios judiciales vinculantes –conocidos procesalmente como subpenas– a tres organizaciones progresistas sin fines de lucro.
Los legisladores exigen que estas entidades entreguen de inmediato sus comunicaciones internas y correos electrónicos, bajo advertencia expresa de enfrentar cargos federales por desacato.
Entre las agrupaciones requeridas destaca BreakThrough News, un canal de periodismo digital enfocado en la política exterior de la Casa Blanca que emite programas conducidos por figuras como Rania Khalek, desde Beirut.
La orden exige el acceso directo a los debates editoriales y a la correspondencia confidencial de su sala de redacción, un hecho que vulnera el secreto profesional.
Zoé Alexandra, directora de noticias de BreakThrough News y cofundadora de la organización mediática Peoples Dispatch, analiza en exclusiva para MILENIO el alcance de estos citatorios.
“Lo que está pasando en BreakThrough News no es solamente un ataque contra nosotros. Es un ataque a la libertad de expresión y a la libertad de prensa”, denuncia Alexandra. “Los aliados de Trump dejan muy claro que nos atacan y nos tratan de amedrentar justamente porque no están de acuerdo con nuestras posiciones y nuestra perspectiva. La verdad es que nosotros damos voz y cobertura al amplio rechazo a sus políticas”, agrega.
La periodista aseguró que la mayoría de las personas en Estados Unidos “rechazan el genocidio en Gaza, rechazan la presencia de [la agencia de inmigración] ICE en nuestras ciudades y la campaña de terror contra la comunidad migrante”.
Zoé Alexandra confirma que todas las encuestas muestran que la guerra de Trump contra Irán es una de las que más rechazo suscita en la historia reciente.
“Ellos [en el gobierno actual] piensan que atacándonos podrán cambiar ese panorama de políticas fallidas y caída de popularidad, pero no podrán cambiar la consciencia de las personas de este país aun cuando traten de callarnos. El intento de aislarnos y silenciarnos jamás va a funcionar, nosotros estamos más firmes y más comprometidos que nunca con nuestra misión de contar la verdad”.
Vigilancia a México, base de espías rusos
El alcance del memorando diplomático no se limita a las organizaciones radicadas en territorio estadunidense. El análisis desglosa un listado de actores clave, de los cuales el 55 por ciento de los señalados son ciudadanos de la Unión Americana, mientras que el resto perfila a mexicanos, españoles, brasileños y, desde luego, cubanos.
El informe también ubica a México dentro de esta supuesta red internacional y describe al país como un enclave logístico estratégico y advierte que funciona como un centro de operaciones para la inteligencia rusa y venezolana.
Para ejemplificar esta dinámica, el texto expone el caso del Convoy Nuestra América, una embarcación que zarpó en marzo de 2026 desde el puerto de Veracruz con suministros para Cuba.
La travesía, coordinada por Thiago Ávila –fichado como un “activista de la izquierda occidental”–, buscaba desafiar el embargo económico.
El viaje de la flotilla llegó al nivel más alto del gobierno mexicano cuando la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó su extravío temporal en aguas internacionales; un antecedente que Washington utiliza hoy para exhibir la capacidad operativa al sur de su frontera.
Un español en la mira por su apoyo a Cuba
Entre los extranjeros mencionados, el Departamento de Estado apunta explícitamente a Pablo Iglesias, exrepresentante en el Parlamento Europeo del partido político español Podemos, del que fue su fundador.
El académico fue incorporado en el escrutinio oficial estadunidense debido a sus constantes declaraciones públicas en contra del embargo comercial sobre Cuba.
En entrevista a MILENIO, Iglesias aporta su posición sobre las implicaciones legales y diplomáticas de figurar en un reporte de seguridad nacional emitido por la administración de Donald Trump.
“Creo que Estados Unidos sabe muy bien quiénes son sus enemigos (...) Para los Estados Unidos, terrorismo ya no es poner una bomba o intentar matar a alguien; terrorismo es tener unas ideas determinadas. Si eres de izquierdas o progresista, eventualmente puedes ser objeto de una cacería judicial con todo lo que eso implica”, detalla el exvicepresidente y ministro del gobierno de España.
Iglesias subraya que las acciones que motivaron su inclusión en el documento corresponden al ejercicio civil, político y público que ha realizado en los últimos años.
“Algunos de los que estamos mencionados en ese informe lo que hemos hecho es solidarizarnos con Cuba, criticando una guerra económica y un embargo criminal que condenan a la población cubana a una situación de carestía y de precariedad sin precedentes. Y decir sin precedentes, en el caso de Cuba, es decir mucho”.
Iglesias agrega que Estados Unidos está normalizando “el delito ideológico”, al violar todos los principios de la democracia liberal, "como ya viola de manera cotidiana y sin ningún tipo de disimulo el derecho internacional".
El politólogo español supone que la inclusión de nombres en esa lista tiene como finalidad aterrorizar a mucha gente y colocar a los que hacen activismo o a los que dirigen medios de comunicación, "como delincuentes, cuando básicamente lo que estamos haciendo es ejercer la libertad de expresión, el derecho de reunión, el derecho de hacer política".
El supuesto enlace cubano en EU
En el ámbito civil y comunitario local, el expediente Cuba: la capital del comunismo del siglo XXI dedica un apartado a otros líderes operativos de movimientos sociales. El texto subraya el papel de Manolo de los Santos, codirector de la organización ‘The People's Forum’, a quien describe como el “articulador” principal entre la izquierda en el país y las autoridades cubanas.
De los Santos también recibió requerimientos legales (subpoenas) por parte de la Cámara de Representantes. Su labor consiste en coordinar donaciones y organizar caravanas de suministros de primera necesidad para la isla.
El líder comunitario, sin embargo, sostiene que recolectar y enviar ayuda humanitaria a una población civil sometida a un embargo económico no constituye un delito.
Consultado en exclusiva por MILENIO sobre los citatorios y los señalamientos de las instituciones estatales estadunidenses, De los Santos fue tajante ante la posibilidad de enfrentar un proceso penal: “No me siento intimidado y sé que vamos a vencer a la administración Trump y su nuevo macartismo”.
La emisión de citatorios contra organizaciones identificadas con la izquierda y medios independientes no es un hecho aislado. Hace dos semanas, el mismo comité del Congreso envió subpoenas a periodistas del diario The New York Times, exigiéndoles mediante ese mecanismo vinculante la entrega de material confidencial y registros de investigación interna.
Estas exigencias de revelar las fuentes por parte del Poder Legislativo se alinean con la promesa que Donald Trump repitió en campaña rumbo a este mandato: “Vamos a erradicar a los comunistas, marxistas, fascistas y a los matones de la izquierda radical que viven como alimañas dentro de nuestro país”.
Fact checking: JRH
RM