La jueza federal Beryl Howell ordenó al Departamento de Justicia entregar los testimonios secretos vertidos ante un jurado por el fiscal especial Robert Mueller, sobre la posible intervención rusa en las elecciones de Estados Unidos, antes del 30 de octubre.
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El fallo fue presentado ayer y confirma la legalidad de la indagatoria en sí, por lo que otorga una victoria a los demócratas en la recopilación de pruebas, para la investigación de un posible juicio político en contra del presidente Donald Trump.
Una portavoz del Departamento de Justicia dijo que estaba revisando la decisión, ya que el gobierno puede apelar.
El fallo a favor de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Representantes se produce cuando los demócratas reúnen testimonios rendidos a puerta cerrada por funcionarios y ex funcionarios del gobierno, sobre los intentos del gobierno de Trump de hacer que Ucrania investigara al rival político del presidente, Joe Biden.
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Los materiales de Mueller podrían revelar detalles antes ocultos a los legisladores sobre las acciones de Trump durante las elecciones de 2016 y convertirse en parte de la campaña de juicio político.
El material que cubre la orden de Howell consiste en contenido que se dio a conocer ante el jurado investigador y fue incluido de manera censurada en el reporte de Mueller.
El Departamento de Justicia indicó que la información del jurado investigador es la única pieza del documento a la que no han tenido acceso los legisladores.
Los demócratas creen que la información podría arrojar nueva luz a episodios clave de la investigación, como las discusiones que se presume que Trump tuvo con sus allegados sobre la difusión de correos electrónicos robados durante la campaña y conversaciones sobre una reunión en la Torre Trump en 2016, en la que el hijo mayor de Trump recibiría información perjudicial sobre Hillary Clinton.
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La jueza agregó que los materiales podrían ayudar a los legisladores a decidir qué testigos llamar para una investigación de juicio político y qué líneas adicionales de investigación deben seguirse.
En un fallo de 75 páginas que acompaña la orden, Howell echó abajo varios de los argumentos del gobierno para retener materiales al Congreso, incluida la necesidad de que continue en secreto.
“La realidad es que, desde hace mucho, el DOJ (Departamento de Justicia) y la Casa Blanca abiertamente han obstruido las labores de la Cámara de Representantes para obtener información a través de citaciones y acuerdos, y la Casa Blanca ha manifestado rotundamente que el gobierno no cooperará con las peticiones de información del legislativo”, escribió Howell.
FLC