El gobierno de Estados Unidos incrementará en 2024 sus apoyos económicos y técnicos a organizaciones no gubernamentales de México, pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador exigió detener lo que considera operaciones de intervencionismo en la política nacional.
Una revisión de MILENIO a documentos presupuestales e internos de la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos (Usaid, por sus siglas en inglés) revela que la administración de Joe Biden robustecerá su respaldo a organizaciones de la autodenominada sociedad civil, en la recta final del sexenio lopezobradorista.
Primero, en lo económico: la Justificación Presupuestaria para Operaciones Foráneas 2024 del Departamento de Estado, enviada esta semana por la cancillería estadunidense al Congreso de ese país, contempla aumentos en las partidas Democracia, Derechos Humanos y Gobernanza destinados a México, que pasarán de 56 a 60 millones de dólares. Son apoyos a programas de los que se nutre el financiamiento a este tipo de organismos. Adicionalmente, casi se duplicarán los recursos a tareas de derechos humanos al llevarlos hasta 10 millones de dólares. Los fondos para ONG también recibirán incrementos.
La agencia, además, mantendrá durante los próximos dos años programas de capacitación y asistencia técnica para que puedan captar más recursos de fundaciones extranjeras.
Los programas que recibirían fondos son administrados por el Departamento de Estado y la Usaid, instancias criticadas por el presidente López Obrador. Al área del primero que realiza cada año el informe de derechos humano lo calificó de “oficinita”, mientras que a la segunda la acuso de promover el “golpismo”.
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La económica no es la única forma en que Washington ha decidido apoyarlas. Hay un fuerte componente técnico y de transferencia de capacidades: Usaid lanzó desde este año una nueva serie de capacitaciones a ONGs para hacerles “resilientes” ante un panorama de confrontación con el gobierno federal.
Se les asiste para enfrentar las trabas administrativas impuestas desde la Secretaría de Hacienda para la captación de donativos de la iniciativa privada, además de hacerles “menos vulnerables a sanciones” gubernamentales, según se desprende del reporte Sociedad Civil Resiliente 2023-2025, preparado por Family Health International para Usaid como parte de la planificación de sus proyectos en México para los próximos dos años.
El documento, en poder de este diario, enfatiza que ante la hostilidad de la 4T hacia las ONG es necesaria una serie de medidas para garantizar su resiliencia y ayudar a su sobrevivencia.
“La administración de López Obrador parece haber llevado la reconfiguración de las relaciones entre el gobierno y la sociedad civil a una escala completamente diferente. Se trata de un cambio que cuestiona abiertamente el valor de las organizaciones a esfuerzos de desarrollo, así como la legitimidad de donaciones privadas y el apoyo internacional a organizaciones mexicanas”, dice.
En este contexto, añade, “se seguirán desarrollando actividades que ayudarán a fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil mexicana para enfrentar retos legales, navegar la arquitectura regulatoria y ayudarles a enfrentar las restricciones que afectan su trabajo”.
Entre otras medidas para “fortalecerlas”, la agencia organizará cursos y sesiones de capacitación y asistencia técnica con expertos internacionales para que provean a estas ONG de ejemplos sobre cómo encarar restricciones construidas por el gobierno.
Usaid ha brindado este tipo de apoyo en naciones como Rusia, Ucrania y algunas ex repúblicas soviéticas en Asia Central.
México, a la cabeza
Los fondos pasarían de 3 millones 900 mil dólares a 5 millones en Respaldos a la Sociedad Civil, y de 6 millones 870 mil a 10 millones de dólares en materia de Derechos Humanos, mientras que el programa general de Estado de Derecho, de 56 a 60 millones.
México será el país de Latinoamérica que más recursos recibirá por parte del Departamento de Estado y Usaid, por detrás de Colombia. Otras naciones con montos elevados para programas de apoyo democrático son Venezuela (54 millones), El Salvador (46 millones) y Cuba (20 millones); a escala mundial, lo superan Iraq y Jordania.
El presupuesto remitido por el Departamento de Estado puede incrementar y dependerá del curso que tome la discusión en el Congreso; la versión final deberá estar lista antes de octubre.