El gobierno de Estados Unidos acusó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de narcotráfico, narcoterrorismo y tráfico de armas, actividades en las que tiene relación con el cártel de Sinaloa, dirigido por los herederos de Joaquín El Chapo Guzmán, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
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Los fiscales Geoffrey Berman y William Barr anunciaron que la Agencia Antidrogas de EU (DEA por sus siglas en inglés) ofrece 15 millones de dólares por información que lleve a la captura del mandatario venezolano, así como el pago de 10 millones de dólares a quien ayude a arrestar a cuatro altos funcionarios del gobierno chavista.
En respuesta, Maduro dijo que se trata de una acción “extremista, vulgar, miserable” de la administración de Donald Trump, a quien calificó de “cowboy racista y supremacista”. Mientras, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, consideró que se trata de una “nueva modalidad de golpe de Estado”.
De ser capturado y hallado culpable, Maduro puede ser sentenciado a 50 años de cárcel y hasta cadena perpetua.
En la acusación del Departamento de Justicia, repartida en tribunales de Nueva York, Washington y Miami, se expone: “Los acusados participaron en una conspiración narcoterrorista corrupta y violenta entre el cártel venezolano de Los Soles y las FARC”.
ALIANZA CRIMINAL
El cártel de Los Soles que, de acuerdo con el Departamento de Justicia de EU, dirige Maduro también estará vinculado con algunas organizaciones criminales mexicanas, como el cártel de Sinaloa.
En la acusación se relata un incidente acontecido en 2006: un avión modelo DC-9 fue interceptado por autoridades mexicanas al aterrizar en el aeropuerto internacional de Campeche procedente Caracas. Abordo se decomisaron 5.6 toneladas de cocaína. De acuerdo con la investigación PGR/SIEDO/UEIDCS/071/2006 ese cargamento iba dirigido al cártel de Sinaloa.
Según la justicia estadunidense, ese vuelo fue coordinado directamente hace 14 años por Diosdado Cabello, actual presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, y el general retirado Hugo Armando Carvajal, entonces encargado de la inteligencia militar venezolana, coacusados actuales de Maduro.
Acorde al relato del fiscal del distrito sur de Nueva York, Geoffrey Berman, todo empezó en 1999 cuando las FARC pretendían negociar la paz con el gobierno colombiano y “pactaron con los líderes del cártel de Los Soles reubicar algunas de sus operaciones a Venezuela”.
Más adelante se explica que tanto Maduro como otros funcionarios venezolanos se coordinaron directamente con las FARC para transportar y distribuir grandes envíos de cocaína, los cuales, de acuerdo con el fiscal William Barr, se estiman entre 200 y 250 toneladas cada año.
Barr sostuvo que el régimen de Maduro está plagado “de criminalidad” , por lo que advirtió que el anuncio de este jueves pretende erradicar esa corrupción dentro del gobierno venezolano, “construido y controlado para enriquecer a aquellos que están en los niveles más altos del gobierno”.
El fiscal sentenció que EU ya no permitirá que estos funcionarios “usen el sistema bancario estadounidense para mover sus ganancias ilícitas hasta Sudamérica, a fin de promover sus esquemas criminales”.
El gobierno de Maduro vinculó a la Casa Blanca con la denuncia de supuestos planes de magnicidio preparados desde Colombia, por los cuales el Ministerio Público de Venezuela anunció la apertura de una nueva investigación contra el líder parlamentario opositor, Juan Guaidó.
Y ADEMÁS
TESTIGO PROTEGIDO, CLAVE EN EL JUICIO
En junio pasado, el diario El Mundo publicó la declaración jurada de un testigo protegido que afirmó que Seuxis Paucias Hernández (alias Jesús Santrich), ex comandante de las FARC, fue el cómplice principal del presidente Nicolás Maduro en una operación para enviar 10 toneladas de droga a EU con el cártel de Sinaloa como socio. El juicio se llevó a cabo en la corte de Manhattan. Se trata de Marlon Marín, sobrino del considerado número dos de las FARC, Luciano Marín (alías Iván Márquez).