La controvertida reforma del derecho de asilo del gobierno de Boris Johnson, que contempla la externalización a terceros países del análisis de los solicitantes, está a punto de entrar en la ley británica tras haber superado un último obstáculo parlamentario.
- Te recomendamos ¿Qué es un tercer país seguro? Política
Tras el rechazo el miércoles de una enmienda en la Cámara de los Lores, la cámara alta del Parlamento británico, el texto entrará próximamente en la ley una vez reciba el consentimiento de la reina Isabel II.
La reforma prevé endurecer las sanciones contra los traficantes y los migrantes llegados clandestinamente con conocimiento de causa al país, así como la externalización hacia terceros países del procedimiento de solicitud de asilo. El gobierno conservador anunció hace dos semanas un acuerdo con Ruanda para enviar allí a los solicitantes de asilo llegados ilegalmente a Reino Unido.
El primer ministro británico Boris Johnson prometió controlar la migración, una cuestión clave en la campaña del Brexit, pero el número de travesías ilegales por el canal de la Mancha se triplicó en 2021, un año marcado por la muerte de 27 migrantes en un naufragio a finales de noviembre.
Ante las críticas a su reforma, el gobierno invocó la necesidad de disuadir a quienes se plantean estas peligrosas travesías y de acabar con el lucrativo negocio de los traficantes.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) criticó esta aprobación que "menoscaba la ley y las prácticas internacionales establecidas en materia de protección de refugiados". En un comunicado, Filippo Grandi se dijo "preocupado por la intención de Reino Unido de externalizar sus obligaciones de proteger a los refugiados y solicitantes de asilo a otros países" y señaló que esto es "contrario a la letra y el espíritu de la Convención sobre los Refugiados".
La ONG Oxfam denunció a través de uno de sus responsables, Sam Nadel, que la aprobación de este texto "odioso" supone "un golpe devastador para las familias que huyen de conflictos y persecuciones".
"El gobierno debería proteger y no castigar a los refugiados", dijo, denunciando "los proyectos inmorales de externalizar nuestras responsabilidades en cuestión de asilo a Ruanda". "El horrible conflicto de Ucrania ha suscitado un inmenso respaldo de la opinión pública a los refugiados" y "un recuerdo de la importancia de un sistema de asilo justo y la necesidad de más vías seguras y legales", añadió.
RM