Ex dirigentes del Partido Socialista (PSOE) de Andalucía fueron condenados este martes en uno de los mayores escándalos de corrupción de la España moderna, en un momento incómodo para el líder actual, Pedro Sánchez, quien negocia para intentar ser investido presidente del gobierno.
La Audiencia Provincial de Sevilla entregó la esperada decisión, en el macroescándalo Caso ERE originado en el reparto opaco y clientelista de cientos de millones de euros de ayudas públicas, procedentes de un fondo para desempleados y empresas en crisis.
Las condenas recayeron sobre 19 ex altos cargos socialistas del gobierno regional de Andalucía, en manos del PSOE durante 36 años ininterrumpidos, hasta el pasado enero.
José Antonio Griñán, presidente andaluz de 2009 a 2013, ex consejero regional de Hacienda y ex ministro fue condenado a 6 años de cárcel y a 15 de inhabilitación por malversación de caudales públicos y prevaricación.
Su predecesor, el histórico presidente andaluz de 1990-2009 y ex ministro Manuel Chaves recibió 9 años de inhabilitación para cargo o empleo público por prevaricación.
Los sentenciados del Caso ERE
Diecinueve de los 21 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, acusados en la pieza política de los ERE, son el ex presidente de la Junta Manuel Chaves, condenado 9 años de inhabilitación por prevaricación; el ex presidente de la Junta José Antonio Griñan, condenado a 6 años de cárcel y 15 años de inhabilitación por prevaricación en concurso con malversación; Gaspar Zarrías, 9 años de inhabilitación por prevaricación; Magdalena Álvarez, 9 años de inhabilitación por prevaricación; José Antonio Viera, 7 años de prisión y 18 años de inhabiltiación; Antonio Fernández, 7 años y 11 meses de prisión y 19 años de inhabilitación absoluta; Francisco Vallejo, 7 años de prisión y 18 años de inhabilitación absoluta.
Carmen Martínez Aguayo, condenada a 6 años de prisión y 15 años de inhabilitación; Francisco Javier Guerrero, 7 años de cárcel y 19 años de inhabilitación; Juan Márquez, 7 años de prisión y 18 años de inhabilitación; José Salgueiro, 9 años de inhabilitación; Agustín Barberá, 7 años de prisión y 18 años de inhabilitación; Jesús María Rodríguez, 6 años de prisión y 15 años de inhabilitación; Miguel Ángel Serrano, condenado a 6 años y 6 meses de prisión y 17 años de inhabilitación.
Así como Jacinto Cañete, 8 años y 6 meses de inhabilitación; Juan Francisco Sánchez, 9 años de inhabilitación; Javier Aguado, 9 años de inhabilitación; Lourdes Medina, 8 años y 6 meses de inhabilitación; Antonio Vicente, 9 años de inhabilitación; Manuel Gómez, ha sido absuelto de los delitos de prevaricación y malversación, y Francisco del Río ha sido absuelto del delito continuado de prevaricación
Otra ex ministra y ex consejera andaluza de Hacienda, Magdalena Álvarez, fue condenada a 9 años de inhabilitación por prevaricación.
La sentencia, recurrible ante el Tribunal Supremo, cae en mal momento para Pedro Sánchez, ganador de las legislativas del 10 de noviembre, pero con tres escaños menos de los obtenidos en los anteriores comicios, en abril.
Su intención, apuntan fuentes gubernamentales, es "acortar plazos" y tratar de ser investido presidente en el Parlamento la semana del 16 de diciembre. De momento amarró los apoyos de la izquierda radical de Podemos, con la que anunció que gobernará en coalición.
Pero para ser investido necesita más apoyos, por lo que sus colaboradores están negociando con distintos partidos, entre ellos los independentistas catalanes de Esquerra Republicana (ERC), cuyo respaldo se anuncia de momento difícil.
La respuesta del PP
Es "una sentencia muy dura", reconoció el ministro de Fomento y número tres del PSOE, José Luis Ábalos, añadiendo que al referirse aquélla a hechos de la pasada década, "no afecta ni al actual gobierno ni a la actual dirección del Partido Socialista".
La oposición conservadora del Partido Popular quiere evitar que Sánchez sea investido, después de haberle arrebatado Andalucía al PSOE, donde ahora gobierna en coalición con los liberales de Ciudadanos y el apoyo parlamentario de la extrema derecha de Vox.
"Sánchez llegó al poder censurando injustamente a un gobierno honesto. Ahora debe ser coherente y asumir responsabilidades por el mayor caso de corrupción de la historia de España", afirmó el líder del PP, Pablo Casado, en Twitter.
El PP sigue muy dolido con un Pedro Sánchez que llegó al poder en junio de 2018, merced a una moción de censura contra el entonces gobierno conservador de Mariano Rajoy. La moción estuvo motivada por una sentencia judicial en otra megacausa por corrupción, la Trama Gürtel.
La justicia condenó entonces al PP como "partícipe a título lucrativo" de una trama en la que cargos 'populares' daban contratos públicos a una red de "empresas amigas". La sentencia estableció también que durante dos décadas el PP mantuvo una contabilidad irregular.
La base del Caso ERE
La sentencia de este martes, de mil 821 páginas, termina con un entramado de corrupción cuya instrucción arrancó en 2011, en plena crisis económica en España, y dio lugar a un juicio oral de un año de duración. Los hechos se prolongaron durante una década, de 2000 a 2010.
Su núcleo es el manejo de un fondo público dotado de 854 millones de euros, y destinado a financiar despidos colectivos de trabajadores por parte de empresas en dificultades, en los llamados Expedientes de Regulación de Empleo (EREs).
El dinero se concedió sin embargo discrecionalmente, "eliminando los mecanismos de control legalmente establecidos", según la sentencia.
"No fue fiscalizado ni uno sólo de los expedientes de concesión de ayudas sociolaborales y ayudas a empresas", afirma la sentencia, que habla de "descontrol absoluto" en el manejo de esos fondos y de "resoluciones muy gravosas para el erario".
La consecuencia de este mecanismo clientelar es que recibieron ayudas para prejubilarse personas por completo ajenas a las empresas beneficiarias, se abonaron comisiones irregulares a mediadores, y se perjudicó a muchos otros trabajadores que sí precisaban esas ayudas.
"La sentencia de los ERE confirma que durante años algunos dirigentes del PSOE-Andalucía utilizaron dinero público en Andalucía para sostener una red mafiosa que compraba la paz social y alimentaba la corrupción", reaccionó Alberto Garzón, líder del pequeño partido Izquierda Unida y aliado de Podemos.
La fiscalía llegó a cifrar el fraude en 741 millones de euros, un montante que en sus conclusiones definitivas rebajó a 680 millones.
dmr