El Tribunal Constitucional de Italia acabó el martes con el intento de organizar un referéndum para despenalizar el suicidio asistido considerando que ofrecía una protección inadecuada para los más débiles.
Los defensores del derecho a la eutanasia recogieron en agosto 750 mil firmas, muchas más de las necesarias para llevar esta controvertida cuestión a votación en un país ampliamente católico y con una fuerte oposición al respecto.
Pero la corte indicó en un comunicado que el referéndum propuesto comprometía "la mínima protección de la vida humana en general" garantizada por la Constitución, "particularmente en referencia a los débiles y vulnerables". Bajo la ley italiana actual, ayudar a otra persona a cometer suicidio puede conllevar penas de cinco a 12 años de cárcel.
En 2019, este tribunal pidió al Parlamento clarificar su ley sobre el suicidio asistido, señalando que la eutanasia podía ser permisible para aquellos que sufren una enfermedad incurable que causa un sufrimiento físico y psicológico "intolerable" y que se mantienen en vida con medidas de apoyo vital.
Estos pacientes, sin embargo, deben estar en capacidad de tomar "decisiones libres e informadas", indicó. Cualquiera que no entre en esta categoría no puede acceder al suicidio asistido.
A pesar de varios casos ruidosos en años recientes, sigue habiendo una fuerte oposición a la eutanasia y el suicidio asistido en Italia, donde la Iglesia Católica tiene fuerte influencia.
Tras el veredicto, los líderes del Partido Democrático y el Movimiento Cinco Estrellas, ambos en la coalición de gobierno del primer ministro Mario Draghi, dijeron que era el turno del Parlamento de resolver la cuestión con una ley concreta.
RM