Diputados de la Unión Europea tildaron de "vergonzoza" la acción del gobierno ultraconservador de Polonia en abandonar el Convenio de Estambul, el tratado contra la violencia doméstica y hacia las mujeres.
"Es vergonzoso que un Estado miembro de la Unión Europea quiera retirarse de la Convención de Estambul", aseguro la española Iratxe García Pérez, presidenta del grupo S&D en el parlamento europeo, que mostró su apoyo "a los ciudadanos polacos que salen a la calle para exigir respeto por los derechos de las mujeres".
Desde el viernes, diversos colectivos feministas en Polonia han salido a las calles contra la medida bajo el lema "No a la legalización de la violencia doméstica"; en el centro de Varsovia se han congregado centenares de mujeres, algunas de ellas vestidas como los personajes de la novela "El cuento de la criada" de Margaret Atwood.
El rumano Dacian Ciolos, presidente del grupo Renew, señaló por su parte en la misma red social que "la lucha contra la violencia hacia las mujeres no es una ideología, sino una obligación moral". La activista Joanna Gzyra, del Centro de los Derechos de las Mujeres, hizo un llamamiento de ayuda a las instituciones europeas antes del inicio de las protestas, en declaraciones recogidas por el digital polaco "Onet"
Además, expresó la esperanza de que una gran movilización lograse bloquear los planes del Gobierno, como ocurrió cuando la conocida como "Huelga de las Mujeres" obligó al ejecutivo liderado por Andrzej Duda a renunciar a la reforma de la ley de aborto.
¿Por qué Polonia quiere abandonar el Convenio de Estambul?
Miembros del gobierno polaco anunciaron recientemente la intención de Varsovia de retirarse de la Convención de Estambul, un tratado adoptado en 2011 por el Consejo de Europa (que reúne a 47 países) y primera herramienta supranacional que fija normas jurídicamente vinculantes para impedir la violencia de carácter sexista. Polonia había firmado este convenio en 2012, cuando gobernaba en el país una coalición de centro, y lo había ratificado tres años después.
Esta semana, el viceministro de Justicia, Marcin Romanowski, anunció que la revocación de la firma, de carácter vinculante y que contempla como delito todas las formas de violencia contra la mujer, está entre los planes del gobierno del partido Ley y Justicia (PiS).
¿Qué es el partido Ley y Justicia?
El PiS, que gobierna Polonia desde 2015 y ganó las elecciones del pasado 12 de julio, es un partido conservador nacionalista que rechaza la migración de refugiados en Europa, defiende todo el ideario de la religión católica (contra el aborto, la ideología de género y apoya la familia tradicional) y se manifiesta contra el libre mercado.
"En el Ministerio de Justicia creemos desde hace tiempo que este convenio es totalmente inaceptable, no solo desde un punto de vista ideológico sino también, y quizá por encima de todo, desde un punto de vista legal ", afirmó Romanowski en declaraciones a la emisora Radio Maryja.
El viceministro indicó que aunque el convenio se refiere "formalmente" a cuestiones "muy importantes" como la prevención de la violencia, éstas son explotadas por "los neo-marxistas y los seguidores de la ideología de género", por lo que el tratado debe ser abandonado "lo antes posible". El Gobierno argumenta además que el convenio está escrito en un lenguaje "ambiguo" y que viola el derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo con sus valores.
La organización ultraconservadora Ordo Iuris, conocida por llevar a juicio a activistas por los derechos LGTB+ y a artistas considerados blasfemos, comenzó este mes una campaña de recogida de firmas a favor del abandono del convenio, con el lema "sí a la familia, no al género".
Un vocero de la Comisión Europea declaró que la institución "lamenta que una cuestión tan importante haya sido distorsionada por argumentos engañosos en algunos Estados miembros". Añadió que Bruselas continuaba "sus esfuerzos para finalizar la adhesión de la UE a la Convención", firmada en 2017 pero aún sin ratificar.
Otros eurodiputados reaccionaron el domingo en redes sociales, como el ex primer ministro belga Guy Verhofstadt, que calificó este intento polaco de "escandaloso", o el irlandés Frances Fitzgerald, del grupo PPE (derecha), que reclama "la ratificación de la convención a nivel europeo".
dmr