Las dos ex empleadas que denunciaron a Julio Iglesias de supuestos abusos sexuales declararán ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional española como testigos protegidos, tal como pedían sus abogadas.
Esto luego de que ayer se hicieron públicas las acusaciones de las dos mujeres (Laura y Rebeca, nombres ficticios), que habían trabajado para el cantante en sus residencias de República Dominicana y las Bahamas, que narran -en un reportaje del digital español eldiario y Univisión Noticias- agresiones sexuales, humillaciones constantes y maltratos físicos.
Los hechos, de acuerdo a la información publicada, tuvieron lugar en el año 2021, cuando el cantante tenía entonces 77 años y la más joven de las denunciantes 22. Las mujeres presentaron la denuncia el pasado cinco de enero ante la fiscalía española, aunque viven en República Dominicana.
“El denunciado ostenta un poder diametralmente distinto al de las denunciantes, derivado de su capacidad económica y también de su influencia, lo cual fundamenta nuestra solicitud de medidas de protección”, declaró la directora ejecutiva de Women's Link Legal, Jovana Ríos Cisnero.
Los delitos por los que acusan a Julio Iglesias, son, entre otros, agresión sexual, contra los derechos de los trabajadores y trata de seres humanos.
Por el momento, estas declaraciones no tienen fecha y, según las abogadas, podrán ser a través de videoconferencia, ya que ambas mujeres no viven en España.
Aunque los hechos ocurrieron fuera del Estado español, concretamente en República Dominicana y las Bahamas, los servicios jurídicos tienen claro que este caso, que afecta a una de las personas más populares del país, es “competencia” de la justicia española.
Según detallaron, optaron por presentar la denuncia ante la Fiscalía para que fuera el ministerio público quien liderara la acción penal si se entiende que existen indicios de delitos.
Sin embargo, no descartan otros escenarios, como presentar una denuncia ante un juzgado. Hasta ahora, las dos extrabajadoras han aportado documentos laborales, fotografías, grabaciones y mensajes de WhatsApp que acompañan a su relato donde hablan de penetraciones sin consentimiento, vejaciones y humillaciones laborales constantes, también a otras compañeras.
Otros detalles que se dieron a conocer, además del abuso sexual, es que las condiciones de vida de las ex trabajadoras agravaban la situación que tuvo lugar entre enero y octubre de 2021. Vivían en la propiedad, donde eran presionadas y sometidas constantemente al acoso sexual y “en algunos casos a la agresión sexual”.
Asimismo, no consta que haya habido una investigación en las Islas Bahamas, tal y como han publicado algunos medios, e insisten en que el procedimiento se comenzó en España por la condición de Julio Iglesias como ciudadano, lo que se conoce como principio de extraterritorialidad.
“Se aplica especialmente a las violaciones de los derechos humanos previstas en tratados de derechos humanos que España ha ratificado”, explicó la abogada, Gema Fernández.
Hasta el momento, Julio Iglesias se ha negado a hacer cualquier tipo de comentario respecto a las acusaciones.
CHZ