El rey emérito de España, Juan Carlos de Borbón, no será investigado, pues la fiscalía general decidió archivar las tres investigaciones en las que el padre de Felipe VI estaba involucrado.
Sin embargo, la investigación, dirigida por el fallecido teniente fiscal del Supremo, Juan Ignacio Campos, y el propio Luzón por orden de la fiscal general, Dolores Delgado, confirmó que el rey emérito lucró con fondos ajenos a sus retribuciones institucionales.
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Esa conducta, no obstante, fue realizada en su mayor parte antes de junio de 2014, cuando Juan Carlos I abdicó la corona y, por ello, está cubierta por la inviolabilidad.
Este privilegio, actualmente en cuestión en amplios sectores jurídicos, sociales y políticos, permite la irresponsabilidad penal de quien ostenta la jefatura del Estado y la fiscalía entiende, tras un análisis constitucional de la figura, que se extiende a todas sus actividades, tanto públicas como privadas.
Por este motivo, la fiscalía llegó a la conclusión de que el rey emérito no puede ser perseguido penalmente por los 65 millones de euros que le donó, en 2008, el fallecido rey saudí Abdalá y que ocultó en Suiza bajo la cobertura de la Fundación Lucum. El entonces jefe del Estado entregó esa cantidad en 2012 a su ex amante Corinna Larsen.
En abril de 2010, en la cuenta de Lucum, en el banco Mirabaud de Ginebra, Juan Carlos I recibió otro ingreso por 1.9 millones de dólares procedentes del sultán de Bahrein, que tampoco declaró a la Hacienda española.
En 1995 y 1997, el entonces jefe del Estado fue beneficiario de dos trust establecidos en la isla de Jersey, llamados Tartessos y Hereu, a los que se aportaron fondos cuyo origen no ha podido ser determinado con certeza en la investigación de la Fiscalía, dado que ya no existe documentación sobre ellos.
Una parte de los fondos allegados a esos trust procedía de donaciones realizadas entre los años 50 y 70 para apoyar al sostenimiento del entonces príncipe Juan Carlos.
Pero había más. La fiscalía también encontró ingresos patrimoniales irregulares posteriores a 2014, pero fueron objeto de regularización fiscal.
El 9 de diciembre de 2020, Juan Carlos de Borbón legalizó donaciones por valor de más de 800 mil euros recibidas del empresario británico-mexicano Allen Sanginés-Krause entre 2017 y 2019, mediante la presentación en la Dirección General de Tributos de la Comunidad de Madrid de una “declaración fuera de plazo sin requerimiento previo”. Satisfizo una deuda tributaria de 678 mil 393.72 euros, incluyendo intereses y recargos.
Hoy, el padre de Felipe VI quedó exonerado por la Fiscalía de España. Juan Carlos de Borbón se marchó del país a los Emiratos Árabes en agosto de 2021.
ROA