La Fiscalía española pidió al juez instructor del llamado “procés” soberanista de Cataluña, Pablo Llarena, que reactive las euroórdenes contra el ex presidente catalán Carles Puigdemont y su ex consejero Toni Comín para que sean entregados a España desde Bélgica.
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El Ministerio Público español pidió también la búsqueda y detención del exconsejero catalán Antoni Comín, para quien el Tribunal de Justicia de la UE dictó la misma sentencia.
Puigdemont (cuyo partido Junts con una abstención podría permitir que Pedro Sánchez se mantenga en la presidencia tras las elecciones de ayer) escapó de España en 2017 después de declarar unilateralmente la independencia de Cataluña.
La Fiscalía solicita al magistrado que actúe contra Puigdemont y Comín por un delito de malversación, que acarrearía pena de prisión de entre seis y doce años debido a la elevada cuantía de los fondos que presuntamente habrían desviado.
En concreto, pide que se emita una orden de busca y captura internacional y otra de orden europea de detención y entrega.
Los fiscales del “procés” dieron dicho paso después de que el Tribunal General de la UE (TGUE) levantara el 5 de julio la inmunidad de la que gozaban cautelarmente ambos eurodiputados, dando vía libre así al Tribunal Supremo (TS) para reactivar las euroórdenes.
En un escrito, los fiscales Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Jaime Moreno y Consuelo Madrigal explican que, aunque el fallo del TGUE se puede recurrir, y las defensas ya han avanzado que lo harán, esta situación no genera “efecto suspensivo” alguno.
Sobre las órdenes de busca y captura internacionales reclamadas contra ambos, los representantes del Ministerio Público argumentan que procede acordarlas “por si fuera necesario tramitar solicitud de extradición”.
Las órdenes de entrega y detención europeas (OEDEs) estaban vigentes hasta el pasado enero, cuando Llarena las dejó sin efecto tras revisar el procesamiento de los huidos del “procés” a la luz de la reforma penal que eliminó la sedición y modificó la malversación.
En los casos de Puigdemont y Comín sustituyó la sedición por desobediencia (un delito sin cárcel) y mantuvo la malversación agravada que, conforme recuerdan los fiscales ahora, conlleva pena de prisión de entre 6 y 12 años, “dada la elevada cuantía de los fondos malversados”.
Se encuentran prófugos de la Justicia española en Bruselas desde el 30 de octubre de 2017, el mismo día que comenzó la ofensiva judicial en España por el intento secesionista en Cataluña del día 7 de ese mismo mes.
Tras varios procesos judiciales, finalmente, el pasado 5 de julio, el tribunal europeo decidió retirarle la inmunidad como europarlamentarios a él, a Comín y a la exconsejera Clara Ponsatí, detenida este lunes en Barcelona.
Aunque Puigdemont y Comín aún pueden recurrir esa sentencia, la Fiscalía española destaca que ese recurso no tiene efectos suspensivos sobre la sentencia previa.
Entonces, el magistrado indicó que no tomaría una nueva decisión sobre las OEDEs hasta que se resolvieran dos cuestiones clave. La primera era la respuesta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la cuestión prejudicial que Llarena planteó para que fijara el alcance de las euroórdenes después de que los jueces belgas se negaran a entregar a Lluís Puig.
El alto tribunal removió este primer obstáculo el 31 de enero al establecer que las autoridades judiciales que reciban las OEDEs no pueden negarse a ejecutarlas en base a presuntas violaciones de derechos fundamentales si no se demuestran deficiencias sistémicas y generalizadas en España. La segunda incógnita a despejar era, precisamente, el fallo del TGUE sobre la inmunidad y los suplicatorios.
Carles Puigdemont, eurodiputado de Junts, acusó al Estado español de “ordenar” su arresto tras ser decisivo para formar Gobierno dados los resultados de las elecciones generales de este domingo.
“Un día eres decisivo para formar un gobierno español, al día siguiente España ordena tu arresto", escribió en Twitter.
La Fiscalía sostiene que se cumplen los requisitos establecidos en la Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la UE, que permite a la justicia española dictar orden de detención y entrega cuando los delitos enjuiciados impliquen una pena de prisión de al menos doce meses.
VMS