La fiscalía guatemalteca allana por cuarta vez la sede del Tribunal Supremo Electoral, en busca de las actas de resultados de elecciones, en un nuevo capítulo de la arremetida que lleva adelante con investigaciones contra las autoridades electorales, el proceso electoral y el partido que llevó de candidato a bernardo arévalo, ganador de las presidenciales.
David de León, vocero del Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó el allanamiento y explicó que los funcionarios de la fiscalía buscaban las actas de resultado de elecciones que están resguardados en la sede electoral.
El Ministerio Público dijo que el caso está bajo reserva.
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Docenas de policías acordonaron los alrededores de la sede electoral y llegaron a cerrar toda la cuadra para impedir el paso de las personas por la calle.
En un mensaje en Twitter, la fiscalía confirmó el allanamiento que es realizado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad que dirige Rafael Curruchiche quien, bajo las órdenes de la fiscal general Consuelo Porras, investiga denuncias contra el ente electoral, las Juntas Electorales, las Juntas Receptoras de votos y los digitadores que incluyeron las actas en el sistema de transmisión de información de los resultados de elecciones.
Arévalo ha denunciado que la fiscal general intenta evitar que él tome posesión al cargo el próximo 14 de enero y que sus fiscalías además investigan a su partido Movimiento Semilla y que él mismo también es objeto de investigaciones pese a que tiene inmunidad por el cargo para el que fue electo.
Entre las denuncias que investiga la fiscalía está una que Arévalo presentó por supuestamente haberse usado firmas falsas en la conformación se Semilla como partido político.
Curruchiche aceleró la investigación y el día en que se proclamaban los resultados de la primera vuelta electoral, una hora antes de que el TSE anunciara que Arévalo pasaba al balotaje, el fiscal anunció que un juez suspendió la personalidad jurídica del partido, pese a que la ley estipula que solo el TSE puede cancelar un partido político.
La situación política de Guatemala ha sido tema de preocupación para la comunidad internacional al considerar que el proceso electoral se ha judicializado y afecta a la frágil democracia del país centroamericano.
La Organización de Estados Americanos ha denunciado que la fiscalía pone en riesgo la democracia del país al intentar obstaculizar y socavar el proceso electoral con sus acciones, así como la voluntad de los ciudadanos que eligieron a sus autoridades para los próximos cuatro años.
Porras y Curruchiche están sancionados por el gobierno estadounidense por obstruir la lucha contra la corrupción y socavar la democracia en Guatemala.
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HCM