La fiscalía de Perú informó ayer que decidió ampliar una investigación al presidente de ese país, Pedro Castillo, por los presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y colusión agravada, en una situación que nuevamente deja en la polémica al actual gobierno de esa nación.
Castillo es investigado desde el año pasado por varias denuncias de presunta corrupción referidas a la irregular adjudicación de la compra de biodiésel, por presiones en los ascensos militares y por la licitación para la construcción de un puente en la región San Martín, a través de una presunta red mafiosa instalada en el ministerio de Transportes y Comunicaciones.
"El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, dispuso ampliar la investigación preliminar contra el presidente, Pedro Castillo, por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada", indica en Twitter la fiscalía.
La fiscalía señaló que "el presidente fue notificado y tendrá garantizado el pleno ejercicio de su derecho de defensa".
"El presidente fue notificado de la presente disposición, y se ha ordenado su declaración indagatoria, las que permitirán el debido y necesario esclarecimiento de los hechos", agregó la fiscalía.
Con esta decisión, Castillo ahora será incluido en el caso del consorcio "Puente Tarata III", por el que se investiga si un ex ministro de Transportes, seis congresistas, un exsecretario general de la presidencia y dos sobrinos del mandatario integran una supuesta red criminal encabezada por el presidente.
La empresaria lobista Karelim López acusó al mandatario y a su entorno más cercano, incluidos varios sobrinos, de haber formado una red criminal para adjudicar ilegalmente contratos y obras en el estado.
El consorcio que la empresaria representaba ganó la licitación de un contrato por unos 57.6 millones de dólares.
La empresaria López coopera con la fiscalía bajo el paraguas jurídico de una "colaboración eficaz" (delación premiada). Si se comprueban sus delaciones, podría obtener una menor pena en caso de que sea condenada por la justicia.
El escándalo estalló cuando la prensa reveló gestiones de López ante Castillo para que el consorcio conocido como "Puente Tarata III" ganase un concurso público para construir un puente en la región San Martín, el mandatario niega estas acusaciones.
La legislación peruana impide investigar a un presidente cuando ejerce el cargo. Castillo finaliza su mandato en julio de 2026.