Manifestantes de distintos países de Latinoamérica se manifestaron en contra de la ley SB1718, aprobada por el Parlamento de Florida que empeorará las condiciones de los migrantes en situación irregular en Estados Unidos, en la ciudad de Tampa.
El coordinador de la Fundación 15 de Septiembre, el hondureño Juan Flores, dijo a la agencia EFE que la convocatoria pretende denunciar la entrada en vigor, en menos de un mes, de la ley SB1718, que como subrayó "criminaliza la inmigración en Florida" y supondrá además un golpe contra el mercado laboral.
Flores, cuya organización defiende a los inmigrantes hondureños y en general a los latinoamericanos, sostuvo que, entre otras consecuencias, la entrada en vigor de esta norma "supondrá que se queden sin cubrir muchos puestos de trabajo en Florida que en la actualidad ocupan migrantes en sectores como la agricultura, construcción y hoteles y restaurantes".
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La norma, impulsada por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que ya oficializó que luchará por la nominación republicana para las elecciones presidenciales de 2024, contempla, entre otros puntos, penas de hasta 15 años de cárcel a quien transporte a Florida inmigrantes en situación irregular, así como multas a empleadores que contraten a indocumentados.
La norma, firmada por DeSantis el pasado 10 de mayo, prohíbe que los condados y municipios provean fondos a cualquier persona, entidad u organización para que otorgue documentos de identificación a una persona que no tenga prueba de que se encuentra de forma legal en Estados Unidos.
"Esta ley en cualquier caso hace visible un problema y deja al descubierto que en Florida hay esclavitud moderna", destacó Flores, tras denunciar que miles de migrantes que carecen de "papeles" son contratados por empresarios que les pagan por debajo de los salarios estipulados por la normativa laboral de Estados Unidos.
"Con esta concentración queremos alzar la voz y exigir respecto", dijo Flores, que además recordó que el presidente Joe Biden prometió en su día una reforma migratoria que no ha cumplido.
Flores solicitó por ello al presidente Biden que ayude a la comunidad migrante por medio de una orden ejecutiva, aunque no dio detalles sobre esa solicitud.
La norma, que fue aprobada gracias a la mayoría republicana en las dos cámaras legislativas de Florida, establece multas y revocación de licencias a las empresas que no aseguren la legalidad migratoria de todos sus trabajadores.
Impone además la obligatoriedad de los hospitales y centros médicos del estado de recoger información sobre el estatus migratorio de sus pacientes, e invalida en Florida las licencias de conducir emitidas a indocumentados en otros estados.
aag