Tras el vencimiento del ultimátum del presidente Joe Biden al gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, para la próxima entrada en vigor de la polémica legislación SB4 que permite detener y deportar a migrantes sospechosos de ser indocumentados, el Departamento de Justicia presentó este miércoles una demanda bajo argumentos constitucionales.
La demanda, que coincide con una “misión” de 64 legisladores republicanos al límite con México para denunciar la “catástrofe” migratoria de Biden, sostiene que el estado de Texas y Abbott violaron las cláusulas de Supremacía y la de comercio exterior de la Constitución de Estados Unidos, toda vez que ésta asigna al gobierno federal la autoridad exclusiva para regular la migración y gestionar las fronteras internacionales.
“Debido a que la ley federal tiene prioridad sobre la SB4 y viola la Constitución de Estados Unidos, el Departamento de Justicia busca una declaración de que la SB4 es inválida y una orden que prohíba de manera preliminar y permanente al estado hacer cumplir la ley”, señala la demanda presentada por Washington en la Corte del distrito oeste de Texas con sede en Austin.
La administración demócrata de Biden tomó esa decisión después de que Abbott se negó a acatar la exigencia de suspender la entrada en vigor de la ley, prevista para el 5 de marzo próximo.
Expertos coinciden que Abbott busca que el caso llegue a la Suprema Corte de Justicia para que magistrados conservadores validen las políticas de los estados republicanos para definir sus propias medidas migratorias.
La demanda sostiene que la ley de Texas intenta regular la migración con cargos que van desde un delito menor hasta uno grave.
Además, la SB4 dará a los jueces estatales la capacidad de ordenar la expulsión de los migrantes de territorio estadunidense.
Durante la firma de la ley, Abbott afirmó que su plan es deportar a México a indocumentados arrestados en Texas, independientemente de su país de origen.
“La SB4 es claramente inconstitucional. Bajo la Cláusula de Supremacía de la Constitución y el precedente de larga data de la Corte Suprema, los estados no pueden adoptar leyes de inmigración que interfieran con el marco promulgado por el Congreso.
“El Departamento de Justicia seguirá cumpliendo con su responsabilidad de defender la Constitución y hacer cumplir la ley federal”, señaló la procuradora general adjunta, Vanita Gupta.
Al respecto, el gobierno federal respaldó la demanda del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra la legislación SB4.
“El gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, toma nota de manera favorable a la demanda que el Departamento de Justicia de EU interpuso contra la legislación SB4.
“La cancillería expresó su rechazo ante la implementación de esta medida que pretende detener el flujo de personas mediante su criminalización, fomentando la separación de familias, discriminación y perfilamiento raciales que atentan contra los derechos humanos de la comunidad migrante”, señaló en comunicado.
“Epicentro del caos”
En este contexto, 64 legisladores republicanos viajaron a lo que calificaron de “epicentro” del caos migratorio, en la zona de Eagle Pass, Texas, para renovar su exigencia de que el gobierno de Biden cambie sus políticas migratorias o dejarán en suspenso el presupuesto federal y la ayuda a Ucrania e Israel.
“Estamos viendo a criminales cruzar la frontera. Están siendo liberados de sus prisiones y enviados aquí. Biden necesita evitar que esta gente entre, en lugar de discutir una amnistía con México (...) necesita restablecer el programa Quédate en México”, declaró Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, quien calificó la situación de “catástrofe”.
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